El riesgo imprevisible en Contratos de Suministro

No han faltado voces autorizadas que ha negado la posibilidad de modificación de los contratos de suministro que conllevara la revisión de precios, al tratarse ésta de una circunstancia que alteraría la naturaleza global del contrato. En otros casos, no ha sido posible la modificación del contrato al sobrepasar la alteración de su cuantía el límite del 50 por ciento.

Aun comprando esta argumentación, lo cierto es que, además de la imposición de prórrogas por parte del órgano contratación sin compensación económica alguna al contratista, en su perjuicio y del propio interés general, cabe adoptar, como hemos indicado han hecho muchos órganos de contratación, otras medidas, como la resolución del contrato por causas no imputables al contratista en aplicación de la causa de resolución prevista en la letra g) del artículo 211.1 LCSP, o la modificación del contrato en aplicación de la doctrina rebus sic stantibus, sobre la cuantía total cifrada como perjuicio económico de la ejecución del contrato provocado por la alteración de los precios de la energía.

La doctrina de la “rebus sic stantibus” es de construcción eminentemente jurisprudencial en el ámbito del Derecho Privado, corrigiendo el principio rigorista del pacta sunt servanda,  al señalar que si de manera sobrevenida y por causa de fuerza mayor se alteraran las circunstancias en que se convino, resulta justificado para las partes el incumplimiento de las obligaciones convencionalmente asumidas.

Esta doctrina de la rebus sic stantibus ha desembarcado también en Derecho Público;  así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2014 viene a declarar que la línea de aplicación de la doctrina de la rebus sic stantibus es seguida por la doctrina de la Sala Tercera al valorar la teoría de la imprevisión en el ámbito de la contratación por la denominada crisis del petróleo, de su repercusión en el incremento extraordinario de los ligantes asfálticos, o de los contratos afectados por la actual crisis-económico. Todo – indica el Tribunal Supremo – en la medida en que, por el carácter extraordinario y profundo de la alteración económica, su acaecimiento no pudiera razonablemente precaverse, de forma que se cercene el principio de equilibrio financiero entre las partes reportando una excesiva contraria a los principios de equidad y buena fe contractual.

La cuestión a resolver es si un cambio en las circunstancias que determinaron la contratación, puede sustentar la modificación del contrato – interesando un pretendido reequilibrio financiero –  o incluso la resolución unilateral por parte del contratista, y todo en aplicación de la doctrina de la rebus sic stantibus. Y en caso de ser posible, qué requisitos deben cumplirse, diferenciando esta posibilidad está o no contemplada en el pliego de condiciones administrativas. Y todo en el contexto de una pandemia y crisis económica que ha generado, como decíamos al principio, un incremento extraordinario e imprevisible de los precios de la energía

Sobre la base de  resoluciones judiciales, así como de dictámenes e informes de los diferentes órganos consultivos en materia contractual[i], que no desarrollamos en aras a la brevedad, se pueden extraer los requisitos que se exigen para poder invocar la doctrina rebus sic stantibus en el ámbito la contratación pública, a saber:

• El contrato en cuestión debe ser de un contrato tracto sucesivo.
• La doctrina del «riesgo imprevisible», enlazada a la de la cláusula rebus sic stantibus, exige la aparición de un riesgo extraordinario, que no pudo ser previsto al tiempo de celebrarse el contrato. No puede ser empleada para precaver la compensación de riesgos racionalmente previsibles.
• Es preciso además que, por el cambio de las circunstancias, se alteren sustancialmente las condiciones de ejecución del contrato, y que ello suceda hasta el punto de que altere de forma muy notable, incluso radical, el equilibrio contractual existentes en el momento de la celebración del contrato, sobrepasando los límites razonables de aleatoriedad que comportar toda licitación, suceso y cambio de circunstancias por lo tanto que aportan una desproporción inusitada y exorbitante, que aniquila el necesario equilibrio en las prestaciones.
• El desequilibrio financiero y los perjuicios que derivan para el contratista, deben de quedar acreditados suficientemente.
• Como quiera que uno de los soportes básicos de la rebus sic stantibus es la buena fe y la equidad, necesario es que el contratista acredite que en él concurren, presentando a la Administración contratante propuestas fundadas que abran una posible solución extrajudicial, dentro del margen que se permite en el ámbito de la contratación administrativa.

[i] Por todas, y sin ánimo de ser exhaustivo, Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo, sección quinta, Sentencia nº  1.143/2020, de 9 de septiembre; Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación del Estado, de 10 de diciembre de 2018, Expediente 38/20 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado;  Informe nº 10/2021, de 29 de noviembre de 2021, del Pleno de la Junta Central de Contratación Administrativa de la Administración de Comunidades de Castilla-La Mancha.