En LIFE SECTOR PÚBLICO, contamos con un equipo de abogados expertos en la gestión y reclamación de facturas impagadas a la administración pública. Nuestro objetivo es asegurar que las empresas y autónomos reciban el pago por los servicios prestados o las obras realizadas, siguiendo los procedimientos legales establecidos.
El proceso de reclamación de facturas a la administración pública puede ser complejo y requiere un conocimiento detallado de la normativa vigente. Nosotros te acompañamos en cada paso, desde la presentación de la factura hasta la reclamación judicial, si es necesario.
La fase de presentación de la factura es crucial para asegurar que tu reclamación sea válida. Tras finalizar el servicio o trabajo contratado, debes emitir la factura siguiendo las exigencias del contrato o los pliegos de licitación.
Tienes 30 días desde la entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio para presentar la factura en el registro administrativo correspondiente. Este plazo es vital para que se inicie el devengo de intereses en caso de impago.
Según la Ley de Contratos del Sector Público, la administración tiene un plazo de 30 días para pagar la factura desde su aceptación. Pasado este plazo, comienzan a generarse intereses de demora.
Si la administración no paga en el plazo establecido, se pueden reclamar intereses de demora, calculados según el tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo. Además, puedes reclamar una indemnización por los costes de cobro, con un mínimo de 40 euros.
Si la administración deudora no paga en el plazo de un mes, es necesario realizar una reclamación administrativa por escrito. Esta reclamación debe incluir:
Según el artículo 199 de la Ley de Contratos del Sector Público, si la administración no responde en un mes, se puede considerar desestimada la reclamación por silencio administrativo, permitiendo iniciar una demanda judicial.
Si la administración no paga tras la reclamación administrativa, se puede iniciar un procedimiento judicial en los juzgados de lo contencioso-administrativo. En esta fase, es posible solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda.
Es recomendable contar con asesoramiento legal durante todo el proceso, desde la reclamación administrativa hasta la judicial, para asegurar que todos los pasos se realicen correctamente y maximizar las posibilidades de éxito.
En LIFE SECTOR PÚBLICO, nos especializamos en asegurar que las empresas y
autónomos reciban el pago debido por sus servicios.
Contáctanos para recibir asesoramiento experto en la reclamación de facturas a la administración pública.
Para más información, no dudes en contactarnos a info@lifesectorpublico.com o llamando al +34 679 092 414.
Nuestro aval, una firma legal sólida, LIFE ABOGADOS, y un equipo con una larga
trayectoria de ámbito nacional.
Nosotros también tenemos problemas, por eso hacemos que el proceso sea lo más sencillo y llevadero posible para ti
La reclamación de facturas a la administración pública es el proceso legal mediante el cual una empresa o autónomo busca obtener el pago de facturas impagadas por servicios prestados o bienes entregados a entidades públicas.
Cualquier persona física o jurídica, como empresas y autónomos, que haya proporcionado bienes o servicios a una administración pública y no haya recibido el pago correspondiente puede iniciar una reclamación.
El plazo para presentar una factura es de 30 días desde la entrega efectiva de los bienes o la prestación del servicio. Este plazo es crucial para iniciar el cómputo de intereses en caso de impago.
Si la administración no paga en el plazo de 30 días desde la aceptación de la factura, se generan intereses de demora que pueden ser reclamados junto con el importe principal.
Los intereses de demora son los intereses generados por el retraso en el pago de una factura. Se calculan a partir del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo y se acumulan desde el día siguiente al vencimiento del plazo de pago.
Los intereses de demora se calculan sumando el tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo en su última operación de financiación, más un margen adicional. Existen herramientas en línea que facilitan este cálculo.
Es un procedimiento formal en el que el acreedor solicita a la administración deudora el pago de la factura impagada y los intereses de demora. Es un paso necesario antes de acudir a la vía judicial.
Debe incluir el importe principal de la factura, los intereses generados hasta el momento y los costes de cobro, acompañados de la documentación que acredite dichos costes.
El silencio administrativo se produce cuando la administración no responde a una reclamación en el plazo establecido. En este caso, se considera que la reclamación ha sido desestimada, permitiendo al reclamante acudir a la vía judicial.
Si la administración no responde en el plazo de un mes, se puede iniciar una reclamación judicial en los juzgados de lo contencioso-administrativo.
Es una solicitud al juez para que ordene el pago inmediato de la deuda antes de que se dicte sentencia definitiva, asegurando que el acreedor reciba el pago lo más pronto posible.
Aunque no es obligatorio en la fase administrativa, es muy recomendable contar con un abogado especializado para asegurar que todos los pasos se realicen correctamente y aumentar las posibilidades de éxito en la reclamación.
Se pueden reclamar los costes directamente relacionados con la reclamación de la deuda, incluyendo un mínimo de 40 euros por costes de cobro, y una cantidad mayor si se puede justificar.
El tiempo puede variar dependiendo del caso y del juzgado, pero generalmente puede tomar varios meses desde la presentación de la demanda hasta la resolución final.
En caso de incumplimiento de la sentencia, se pueden iniciar procedimientos de ejecución judicial para forzar el pago mediante embargos u otras medidas coercitivas.
