¿Sabías que la Administración Pública demanda servicios de asesoría legal en todos los ámbitos?
Asesoría legal en todos los ámbitos: civil, mercantil, inmobiliario, laboral, fiscal y tributario, penal, administrativo, contratación pública, competencia, ambiental.
Asesoría legal en propiedad intelectual e industrial.
Compliance y Buen Gobierno.
Representación jurídica: letrados y procuradores.
Asesoría en protección de datos y Esquema Nacional de Seguridad.
En España, la Administración Pública selecciona proveedores a través de un proceso de contratación pública, enfocado en obtener la mejor relación calidad-precio para servicios y obras. Este proceso se inicia con la publicación de convocatorias en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Los proveedores interesados presentan sus ofertas, que son evaluadas mediante criterios objetivos y subjetivos, otorgando puntuaciones a cada propuesta. El objetivo es adjudicar los contratos a las ofertas que ofrezcan la mejor calidad-precio, garantizando transparencia y competencia justa.
Lo que valora la administración pública para elegir a sus proveedores en el sector legal:
Estos criterios se evalúan mediante fórmulas automáticas:
Si eres una empresa del sector legal, necesitarás cumplir algunos requisitos mínimos para presentarte a una licitación de tu sector. Estos requisitos son los siguientes:
En LIFE SECTOR PÚBLICO somos especialistas en licitaciones. Contamos con un equipo de abogados, consultores y economista con más de 25 años de experiencia gestionando licitaciones y problemas con contratos públicos. Si necesitas más información o quieres saber cómo podemos ayudarte, no dudes en contactarnos a info@lifesectorpublico.com o llamando al +34 679 092 414.
Nuestro aval, una firma legal sólida, LIFE ABOGADOS, y un equipo con una larga trayectoria de ámbito nacional.
La Administración Pública demanda asesoría legal en ámbitos corporativo, civil, mercantil, inmobiliario, laboral, fiscal y tributario, penal, administrativo, contratación pública, competencia, ambiental, propiedad intelectual e industrial, compliance y buen gobierno, y protección de datos.
Ministerios y organismos estatales, gobiernos regionales, ayuntamientos, diputaciones provinciales y cabildos insulares, empresas públicas, instituciones educativas y universidades, hospitales y entidades sanitarias, autoridades portuarias y aeroportuarias, instituciones penitenciarias, museos y centros culturales, y agencias de desarrollo regional y local.
A través de un proceso de contratación pública que se enfoca en obtener la mejor relación calidad-precio, evaluando las ofertas mediante criterios objetivos y subjetivos. Si el proceso no cumple con la normativa o presenta irregularidades, los licitadores pueden interponer un recurso especial para impugnar la adjudicación o las decisiones tomadas en la licitación.
En la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Criterios objetivos incluyen la oferta económica, experiencia adicional del equipo adscrito, y reducción de plazos. Criterios subjetivos incluyen la organización y plan de trabajo, control de calidad, y metodología de prestación del servicio, según lo establecido en el pliego de condiciones de la licitación.
Cumplir con requisitos de solvencia económica, solvencia técnica, y adscripción de medios adecuados a la materia de contratación, garantizando la experiencia y capacidades específicas requeridas para el contrato.
Se refiere a los medios económicos y financieros que la empresa posee para ejecutar el contrato, evaluándose generalmente el volumen de negocio y otros factores como la suscripción de seguros de responsabilidad civil.
Garantiza que la empresa es especialista en el área, basándose en la experiencia de la compañía y la relación de los principales servicios ejecutados de naturaleza similar.
Se refiere a los profesionales graduados en Derecho con experiencia requerida para el contrato, incluyendo personal administrativo y especializado según el sector de actividad de la convocante de la licitación.
Servicios de letrados y procuradores para la representación jurídica en litigios y procedimientos judiciales.
Desarrollo e implementación de políticas y procedimientos de compliance, auditorías de cumplimiento, formación en buen gobierno corporativo, y asesoría en materia de ética empresarial y responsabilidad social.
Empresas como VACIERO, S.L.P., VAN BEVEREN, S.L., AUREN LEGAL SP, S.L.P., BUFETE CASADELEY, CALIXTO ESCARIZ, S.L., entre otras, suelen adjudicarse estas licitaciones.
