En LIFE SECTOR PÚBLICO, ofrecemos asesoramiento integral en materia de contratación pública. Como el Área de Sector Público de la boutique legal LIFE ABOGADOS, contamos con un equipo de abogados especializados que prestan servicio en todo el territorio nacional. Nuestra experiencia en sector público nos avala.
Prestamos asistencia y apoyo técnico a empresas durante todo el proceso de adjudicación y ejecución de contratos.
Proporcionamos asesoramiento jurídico a las empresas que ya trabajan para la Administración y están atravesando alguna situación compleja durante la ejecución de un contrato público.
Asesoramiento personalizado para la inclusión de empresas en acuerdos marco o sistemas dinámicos de adjudicación (SDA), y desarrollo y tramitación de sistemas de colaboración público privada o contratos menores. Busquemos juntos nuevas alternativas.
Facilitamos el apoyo legal y de negocio en la obtención y gestión de concesiones administrativas, incluyendo iniciativas privadas. Nuestro objetivo es facilitar el acceso y la gestión eficiente de concesiones otorgadas por la administración pública, asegurando el cumplimiento de todos los requisitos legales y maximizando las oportunidades de éxito.
Nuestra firma está compuesta por un equipo sólido y experimentado de letrados con una formación jurídica única, dedicados a ofrecer atención personalizada a cada cliente.
Con más 25 años de experiencia en contratación pública, LIFE SECTOR PÚBLICO ofrece un asesoramiento integral especializado tanto a empresas como a entidades públicas. Nuestro aval, una firma legal sólida, LIFE ABOGADOS, y un equipo con una larga trayectoria en Derecho Administrativo y Contencioso.
En Life Sector Público, estamos comprometidos con el éxito de nuestros clientes, proporcionando un asesoramiento legal y económico en materia de contratación pública tanto a empresas como a administraciones públicas.
Si necesitas más información o quieres saber cómo podemos ayudarte, no dudes en contactar nuestro despacho de abogados a info@lifesectorpublico.com o llamando al +34 679 092 414.
Nosotros también tenemos problemas, por eso hacemos que el proceso sea lo más sencillo y llevadero posible para ti
La contratación pública es el proceso mediante el cual las administraciones públicas adquieren bienes, servicios o trabajos de empresas privadas y particulares para cumplir con sus funciones y objetivos, siguiendo los anuncios de licitación.
Existen varios tipos de contratos del sector público, incluyendo aquellos contratos que se encuentran en obras, servicios, suministros, concesiones de obras y concesiones de servicios.
Pueden participar tanto empresas privadas como particulares que cumplan con los requisitos establecidos en los pliegos de cláusulas administrativas del proceso de licitación.
Un abogado experto en contratación pública son aquellos profesionales que asesora a las partes durante todo el proceso de licitación, desde la preparación de ofertas hasta la resolución de controversias, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente. Los abogados especialistas en contratación pública realizan asesoramiento integral tanto a organismos de la administración pública como a empresas en la contratación del sector público.
Los pliegos de condiciones son documentos que establecen las bases y requisitos del contrato público, incluyendo especificaciones técnicas, criterios de adjudicación y condiciones de la contratación legales y administrativas.
La licitación electrónica en el ámbito de la contratación pública es un proceso que se realiza a través de plataformas digitales, permitiendo una mayor transparencia y eficiencia en la gestión de expedientes.
Para impugnar un pliego de condiciones, es necesario presentar un recurso ante el tribunal correspondiente, argumentando las razones legales de la impugnación en el contexto de la normativa contractual.
Las bajas anormales o desproporcionadas son ofertas presentadas en un proceso de licitación cuyo precio es significativamente inferior al de otras ofertas, lo que puede implicar un riesgo de exclusión.
Un recurso especial es un mecanismo legal que permite a los licitadores impugnar decisiones adoptadas durante el proceso de contratación pública que consideren lesivas para sus intereses, a través de la vía administrativa. Este tipo de recursos contractuales es fundamental para garantizar la transparencia y equidad en los procedimientos de adjudicación y ejecución de contratos públicos.
Si una empresa es excluida de una licitación pública, puede presentar un recurso de impugnación ante el tribunal correspondiente, argumentando las razones por las cuales considera que su exclusión es injusta.
Las consultas preliminares son una fase previa al proceso de licitación en la que las administraciones públicas pueden recabar información del mercado para definir mejor sus necesidades y condiciones del contrato.
Se elaboran informes y dictámenes sobre incidencias en la preparación, adjudicación, efectos y resolución de los contratos, ofreciendo una opinión legal experta sobre aspectos específicos del contrato.
Las controversias se resuelven mediante procedimientos legales establecidos, tanto en fase administrativa como ante tribunal administrativo central de recursos contractuales o procedimientos contencioso-administrativos. En algunos casos, las disputas pueden involucrar aspectos como el equilibrio económico del contrato, lo cual es esencial para garantizar que las condiciones originales del contrato se mantengan justas y equitativas para ambas partes durante su ejecución.
La redacción de pliegos es crucial ya que define las reglas del proceso de licitación, las obligaciones de las partes y los criterios de adjudicación, asegurando la transparencia y equidad del proceso.
Para fomentar la participación de PYMES, se pueden adoptar medidas como la división en lotes de los contratos, la simplificación de los requisitos de solvencia y la incorporación de criterios sociales y ambientales en los pliegos.
