En LIFE SECTOR PÚBLICO, contamos con un equipo de abogados expertos en la interposición y tramitación del recurso especial en materia de contratación pública. Ayudamos a particulares y empresas a impugnar decisiones de la administración pública, garantizando la transparencia y legalidad en los procesos de contratación pública.
El recurso especial en materia de contratación es un procedimiento administrativo que permite impugnar decisiones en los procesos de contratación pública. Cubre desde anuncios de licitación hasta modificaciones de contratos y acuerdos de adjudicación. Es un recurso gratuito que puede ser interpuesto por personas físicas, jurídicas y organizaciones sindicales.
Este recurso es fundamental para proteger los intereses de personas físicas y jurídicas en el ámbito de la contratación pública, asegurando que los procesos se realicen de manera justa y transparente.
Permite cuestionar actos y decisiones en el proceso de contratación, garantizando la transparencia y legalidad en dichos procedimientos.
Anuncios de Licitación: Se pueden impugnar irregularidades en las convocatorias de licitación.
En LIFE SECTOR PÚBLICO, nuestro equipo de abogados está preparado para asistirte en la interposición de recursos especiales en materia de contratación pública, asegurando que tus derechos e intereses sean protegidos.
Si no estás de acuerdo con el acto de una administración pública, no dudes en consultarnos, es importante contar con un buen asesoramiento jurídico para defender con éxito tus interese ante la administración. En LIFE SECTOR PÚBLICO, contamos con un equipo de abogados expertos en recursos administrativos con más de 25 años de experiencia, y podemos ayudarte a impugnar los actos administrativos con los que no estés de acuerdo. Si necesitas más información o quieres saber cómo podemos ayudarte, no dudes en contactarnos a info@lifesectorpublico.com o llamando al +34 679 092 414.
Nosotros también tenemos problemas, por eso hacemos que el proceso sea lo más sencillo y llevadero posible para ti
El recurso especial en materia de contratación pública es un procedimiento administrativo que permite impugnar decisiones y actos en los procesos de contratación pública, garantizando la transparencia y legalidad de dichos procesos.
El recurso puede ser interpuesto por personas físicas, jurídicas, organizaciones sindicales y órganos de contratación que tengan un interés legítimo en el proceso de contratación.
Se pueden impugnar anuncios de licitación, pliegos y documentos contractuales, cláusulas administrativas, actos de trámite en la adjudicación, acuerdos de adjudicación, modificaciones de contratos y formalización de encargos a medios propios.
El objetivo es garantizar la transparencia, legalidad y equidad en los procedimientos de contratación pública, protegiendo los derechos de los licitadores y otros interesados.
El plazo para interponer este recurso es de 15 días hábiles desde la notificación del acto impugnado, excluyendo sábados, domingos y festivos.
El recurso se interpone presentando una solicitud formal ante el órgano competente, siguiendo los requisitos establecidos en la normativa vigente y generalmente de forma electrónica.
Si la administración no resuelve el recurso en el plazo establecido, generalmente se considera desestimado por silencio administrativo, lo que permite al interesado acudir a la vía judicial.
Se debe presentar la resolución impugnada, los motivos de la impugnación y cualquier documento que respalde los argumentos del recurso.
Un anuncio de licitación es un documento que publica la convocatoria para que los posibles licitadores presenten sus ofertas en un proceso de contratación pública.
Son documentos que establecen las condiciones y requisitos que deben cumplir los licitadores en un proceso de contratación pública, asegurando la igualdad de condiciones.
Las cláusulas administrativas son parte de los pliegos contractuales y establecen las obligaciones y responsabilidades de las partes involucradas en el contrato.
Se pueden impugnar actos como la evaluación de ofertas, la subsanación de errores y cualquier decisión que afecte la igualdad de oportunidades entre los licitadores.
Un acuerdo de adjudicación es la decisión final por la cual se asigna el contrato público a una empresa específica.
Las modificaciones de contratos son cambios en las condiciones originales acordadas entre las partes en un contrato público, que pueden ser impugnadas si no se ajustan a la normativa vigente.
Es la encomienda de tareas específicas a organismos o entidades internas, que puede ser objeto de recurso especial si no se ajusta a los principios de legalidad y transparencia.
