El informe de OiRescon sobre prácticas colusorias en licitaciones

16 de enero de 2025

Las prácticas colusorias y anticompetitivas en los contratos públicos constituyen uno de los mayores desafíos para garantizar la transparencia, la eficiencia y la competencia en los procesos de licitación pública. Estas conductas no solo perjudican a las administraciones y a los contribuyentes, sino que también erosionan la confianza en el sistema de contratación pública.

El presente artículo se basa en el análisis exhaustivo del Informe de OIRESCON sobre la Contratación Pública en 2024, un documento clave que recopila datos, denuncias y conclusiones sobre las prácticas colusorias detectadas en los contratos públicos. Este informe proporciona información detallada sobre las dinámicas anticompetitivas que afectan al mercado público, incluyendo datos específicos sobre sectores económicos, tipos de contratos y patrones de comportamiento de los licitadores.

A lo largo de este artículo, exploraremos las principales reflexiones globales del informe, los datos sobre denuncias y denunciantes, los sectores más afectados, los tipos de prácticas más habituales y las conclusiones que permiten entender mejor este fenómeno y las medidas necesarias para prevenirlo.

Denuncias realizadas: tipos de denunciantes

En 2023, se recibieron 121 denuncias de prácticas anticompetitivas o colusorias, un incremento respecto a las 98 recibidas en 2022. Estas denuncias se distribuyen de la siguiente manera:

  1. Comunicaciones por parte de órganos de contratación: Representan 77 casos, lo que supone un aumento del 60% respecto al año anterior.

  2. Denuncias de órganos externos de control o tribunales administrativos: Se registraron 10 casos en 2023, un incremento significativo comparado con los 2 casos reportados en 2022.

La mayoría de las denuncias fueron recibidas por la CNMC (56 casos), seguida por ACREA (24 casos) y ACCO (21 casos).

Contratos afectados y sectores económicos

El informe identifica los tipos de contratos más afectados por prácticas colusorias en 2023:

  1. Contratos de servicios: Representan el 49% de los casos, con 70 expedientes.

  2. Contratos de suministros: Constituyen el 40,14%, con 57 expedientes.

  3. Concesión de servicios: Se registraron 8 expedientes (5,63%).

  4. Contratos de obras: Solo 5 casos (3,52%).

En cuanto a los sectores económicos más afectados:

  • Mantenimiento y reparación de vehículos de motor: 104 expedientes, representando el 73,24% del total.

  • Transporte terrestre de pasajeros: 7 casos (4,93%).

  • Restaurantes y puestos de comida: 5 casos (3,52%).

Otros sectores como la construcción de carreteras, suministro de energía y actividades sanitarias también registraron incidentes, aunque en menor medida.

Tipos de prácticas anticompetitivas

En 2023, se identificaron 135 casos de prácticas anticompetitivas, distribuidas así:

  1. Cárteles: 104 casos (77,04%), destacándose como la práctica más común.

  2. Acuerdo entre empresas para la presentación de ofertas: 10 casos (7,41%).

  3. Competencia desleal: 5 casos (3,70%).

  4. Acuerdos de no competencia y manipulación de ofertas: 5 y 4 casos respectivamente.

El informe también menciona otras prácticas menos frecuentes, como acuerdos de reparto de licitaciones y manipulación de promedios.

Otras prácticas menos frecuentes, pero significativas

  • Documentación idéntica o con errores similares: En 60 casos (5%), los documentos presentados mostraron características coincidentes.
  • Retirada estratégica de ofertas: Licitadores que retiran propuestas para beneficiar a un competidor. Representa el 3% (36 casos).
  • Asignación territorial: La colusión para repartirse zonas o lotes específicos afecta al 2% (24 casos).

Conclusiones

El Informe Anual de Supervisión de la OIReScon destaca:

  1. Un incremento en el número de denuncias y peticiones de informe, lo que refleja mayor conciencia y formación en los órganos de contratación.

  2. Los sectores de mantenimiento de vehículos, transporte y restauración son los más afectados.

  3. Los cárteles continúan siendo la práctica más detectada, seguidos por los acuerdos de reparto de licitaciones.

Combatir estas prácticas requiere reforzar la colaboración entre administraciones, empresas y sociedad civil. También es esencial aumentar las sanciones, fomentar la denuncia interna y adoptar tecnologías avanzadas para la detección temprana.

Identificar prácticas anticompetitivas en contratos públicos es fundamental para proteger la transparencia y la eficiencia en la contratación pública. Al analizar los indicadores clave y aplicar medidas preventivas, las administraciones pueden garantizar procesos más equitativos y competitivos, beneficiando tanto al sector público como al privado.

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