Ejemplos prácticos de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública
Ejemplos prácticos de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública
La contratación pública en España representa una herramienta estratégica para promover políticas sociales y medioambientales. La Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP), establece la obligación de incorporar criterios sociales y medioambientales en los procedimientos de contratación, siempre que estén vinculados al objeto del contrato. Esta normativa busca no solo la eficiencia en el gasto público, sino también la consecución de objetivos como la inclusión social, la igualdad de género y la sostenibilidad ambiental.
En este contexto, es fundamental conocer ejemplos concretos de cláusulas que han sido implementadas por diversas administraciones públicas, con el fin de orientar a los órganos de contratación y a las empresas licitadoras en la elaboración y evaluación de los pliegos. A continuación, se presentan casos prácticos que ilustran la aplicación de cláusulas sociales y medioambientales en diferentes fases del procedimiento de contratación.
Cláusulas sociales en la definición del objeto del contrato
La inclusión de consideraciones sociales desde la definición del objeto del contrato permite orientar la contratación hacia la consecución de objetivos sociales específicos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Pamplona ha incorporado cláusulas que promueven la contratación de personas en situación de exclusión social, estableciendo como objeto del contrato la prestación de servicios con criterios de inserción laboral.
Asimismo, la Generalitat de Catalunya ha definido objetos de contrato que incluyen la realización de acciones formativas para colectivos vulnerables, vinculando directamente la prestación contractual con la mejora de la empleabilidad de estos grupos.
Ejemplo de redacción de cláusula:
«El objeto del presente contrato incluye la prestación del servicio de limpieza de edificios municipales, incorporando la obligación de que al menos el 30% de la plantilla adscrita a la ejecución del contrato esté constituida por personas en situación de exclusión social, debidamente acreditada a través de los servicios sociales competentes.»
Criterios de adjudicación con impacto social
Los criterios de adjudicación permiten valorar aspectos cualitativos de las ofertas, más allá del precio. En este sentido, la inclusión de criterios sociales ha sido una práctica adoptada por diversas administraciones. Por ejemplo, el Consorcio de la Zona Media de Navarra ha valorado la contratación de mujeres en puestos de responsabilidad y la formación en igualdad de oportunidades como criterios de adjudicación.
De igual forma, la Generalitat de Catalunya, en su acuerdo marco para servicios de limpieza, otorgó puntos adicionales a las empresas que presentaron planes de igualdad y medidas para la conciliación de la vida laboral y familiar.
Ejemplo de redacción de cláusula:
«Se otorgarán hasta 10 puntos a las ofertas que acrediten la adopción de medidas efectivas para fomentar la igualdad de género en la plantilla, tales como: existencia de un plan de igualdad vigente y evaluado, medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, protocolos contra el acoso, entre otras.»
Condiciones especiales de ejecución con contenido social
Las condiciones especiales de ejecución permiten establecer obligaciones adicionales para el contratista, orientadas a la consecución de objetivos sociales. Por ejemplo, la Junta de Andalucía ha exigido el mantenimiento de la plantilla durante la ejecución del contrato y la contratación de personas con discapacidad como condiciones especiales de ejecución.
Asimismo, el Ayuntamiento de Barcelona ha establecido la obligación de subcontratar un porcentaje del contrato con empresas de inserción o centros especiales de empleo, fomentando así la economía social.
Ejemplo de redacción de cláusula:
«Durante la ejecución del contrato, la empresa adjudicataria deberá garantizar la contratación de, al menos, una persona con discapacidad por cada 15 trabajadores adscritos al contrato, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 36 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.»
Cláusulas medioambientales en las especificaciones técnicas
La incorporación de requisitos medioambientales en las especificaciones técnicas permite garantizar que los productos o servicios contratados cumplan con determinados estándares de sostenibilidad. Por ejemplo, la Generalitat Valenciana ha exigido en sus contratos de obras el uso de materiales con certificación ecológica y la implementación de medidas para la reducción de residuos.
De igual forma, el Ayuntamiento de Barcelona ha incluido en sus pliegos la obligación de utilizar vehículos eléctricos o de bajas emisiones en los servicios de transporte contratados.
Ejemplo de redacción de cláusula:
«Los productos de limpieza utilizados deberán contar con certificación ecológica reconocida (Ej. Etiqueta Ecológica Europea o equivalente). Queda prohibido el uso de productos con componentes clasificados como peligrosos para el medio ambiente según el Reglamento (CE) nº 1272/2008.»
Criterios de adjudicación con impacto medioambiental
Los criterios medioambientales en la adjudicación permiten valorar aspectos como la eficiencia energética, la reducción de emisiones o el uso de materiales reciclados. Por ejemplo, el Gobierno de Navarra ha otorgado puntuación adicional a las ofertas que presentaban planes de gestión ambiental y medidas para minimizar el impacto ecológico de la prestación.
Asimismo, la Junta de Andalucía ha valorado positivamente la utilización de productos con etiqueta ecológica europea en los contratos de suministro.
Ejemplo de redacción de cláusula:
«Se valorará con hasta 15 puntos la propuesta que ofrezca un plan de gestión medioambiental durante la ejecución del contrato, incluyendo medidas de reducción de emisiones, gestión de residuos y uso eficiente de recursos naturales, siempre que se justifique su viabilidad y eficacia.»
Condiciones especiales de ejecución medioambientales
Establecer condiciones medioambientales en la ejecución del contrato permite asegurar el cumplimiento de prácticas sostenibles durante la prestación. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Pamplona ha exigido la recogida selectiva de residuos y la utilización de productos biodegradables en los servicios de limpieza contratados.
De igual forma, la Generalitat de Catalunya ha impuesto la obligación de utilizar energía procedente de fuentes renovables en los contratos de suministro eléctrico.
Ejemplo de redacción de cláusula:
«Durante la ejecución del contrato de transporte, todos los vehículos utilizados deberán ser eléctricos o híbridos enchufables, conforme al Real Decreto 2822/1998. La empresa adjudicataria deberá presentar un informe trimestral de emisiones de CO₂ asociado a los desplazamientos realizados.»
Contratos reservados y fomento de la economía social
La LCSP permite reservar contratos para determinadas entidades, como centros especiales de empleo o empresas de inserción, con el fin de fomentar la economía social. Por ejemplo, la Diputación Foral de Bizkaia ha reservado contratos de servicios de catering para empresas que emplean a personas con discapacidad.
Asimismo, el Cabildo de Tenerife ha promovido la contratación de empresas de economía social mediante la reserva de contratos en sectores como la limpieza o el mantenimiento de espacios públicos.
Ejemplo de redacción de cláusula:
«Este contrato se reserva, de conformidad con el artículo 77 de la LCSP, a centros especiales de empleo de iniciativa social y a empresas de inserción debidamente inscritas en los registros oficiales. La acreditación deberá aportarse junto con la oferta.»
Seguimiento y control del cumplimiento de cláusulas sociales y medioambientales
Para garantizar la efectividad de las cláusulas sociales y medioambientales, es esencial establecer mecanismos de seguimiento y control durante la ejecución del contrato. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona ha implementado sistemas de auditoría y evaluación periódica del cumplimiento de las condiciones establecidas en los pliegos.
De igual forma, la Generalitat de Catalunya ha desarrollado herramientas para monitorizar el impacto social y medioambiental de los contratos públicos, permitiendo una mejora continua en las políticas de contratación responsable.
Ejemplo de redacción de cláusula:
«La empresa adjudicataria estará obligada a presentar informes bimestrales sobre el cumplimiento de las cláusulas sociales y medioambientales. Dichos informes serán evaluados por la unidad de seguimiento del contrato, pudiendo derivar en penalizaciones conforme a lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas particulares.»
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