Cómo redactar un pliego a prueba de recursos

Un pliego mal redactado es la principal puerta de entrada a los recursos en la contratación pública. Antes incluso de que se presenten ofertas, una cláusula desproporcionada, una prescripción técnica que cierra el mercado o un criterio de adjudicación mal definido pueden dar lugar a un recurso especial que suspenda y anule la licitación, obligando a empezar de cero. Redactar un pliego pensando en cómo podría ser impugnado es la mejor forma de evitarlo.

Esta guía, dirigida a las entidades públicas y a quienes preparan sus expedientes, repasa los errores que más recursos provocan y cómo blindar el pliego frente a ellos.

Los pliegos son actos recurribles. Cuando el contrato supera los umbrales del recurso especial en materia de contratación, cualquier interesado puede impugnarlos en un plazo de 15 días hábiles desde su publicación, antes de presentar oferta. Si el recurso prospera, la licitación puede quedar suspendida y el pliego anulado, lo que retrasa el contrato meses y obliga a rehacer el procedimiento.

Por eso, blindar el pliego no es una cuestión estética: es lo que evita que la contratación descarrile en su fase inicial.

Estos son los defectos que con más frecuencia llevan a la anulación de un pliego:

• Requisitos de solvencia desproporcionados. Exigir importes, volúmenes o un número de contratos previos que solo cumple el proveedor que ya prestaba el servicio restringe la competencia. La solvencia debe estar vinculada al objeto y ser proporcionada.
• Exigir experiencia con la Administración pública. Pedir que los trabajos acreditativos hayan tenido como cliente a una entidad pública es discriminatorio: la experiencia se mide por la naturaleza del servicio, no por la del cliente, y debe admitirse también la prestada a clientes privados.
• Prescripciones técnicas «a medida». Definir el objeto con características que solo cumple un producto o proveedor concreto, o mencionar marcas sin añadir «o equivalente», cierra el mercado y vulnera las reglas sobre prescripciones técnicas.
• Confundir solvencia con criterios de adjudicación. La experiencia de la empresa es un requisito de aptitud, no un criterio para puntuar ofertas, salvo en los casos tasados que permite la ley.
• Criterios de adjudicación mal definidos. Criterios subjetivos sin parámetros claros, ponderaciones desequilibradas o fórmulas de precio que neutralizan su efecto generan impugnaciones.
• Mejoras imprecisas. Las mejoras deben estar suficientemente especificadas y vinculadas al objeto del contrato; si son vagas, abren la puerta al recurso.
• Regulación deficiente de las ofertas anormalmente bajas. Sin parámetros objetivos para identificarlas y un procedimiento claro de justificación, la valoración queda expuesta.
• Incoherencia entre el PCAP y el PPT. Que el pliego técnico pida una cosa y el administrativo valore otra es una fuente habitual de conflicto.

Frente a cada uno de esos errores hay una buena práctica de redacción:

• Vincula la solvencia al objeto y hazla proporcionada. Ajusta los umbrales a la dimensión real del contrato, no a la del contratista actual.
• Mide la experiencia por la naturaleza del servicio, mediante los códigos CPV, y admite la prestada a clientes públicos y privados, acreditable por certificado o declaración responsable.
• Redacta las prescripciones técnicas de forma funcional o por rendimiento, evita las características superfluas que cierran el mercado y, cuando sea inevitable citar una referencia, añade siempre «o equivalente».
• Separa con claridad los requisitos de solvencia de los criterios de adjudicación.
• Define criterios objetivos, con parámetros y ponderaciones equilibradas, y revisa que la fórmula de precio mantenga su peso real.
• Especifica las mejoras admisibles y vincúlalas al objeto, indicando cómo se valoran.
• Regula la oferta anormalmente baja con parámetros objetivos y un procedimiento de justificación detallado.
• Asegura la coherencia entre el PCAP y el PPT y documenta las decisiones en la memoria justificativa.

Conviene recordar que los pliegos se impugnan al inicio, en el plazo de 15 días hábiles desde su publicación, y que quien presenta oferta se entiende que los acepta. Esto tiene una doble lectura: para la entidad, significa que el momento de blindar el pliego es antes de publicarlo, porque después la corrección es mucho más costosa; un pliego sólido desde el primer día es la mejor garantía de que la licitación llegue a buen puerto.

Cuando el contrato supera los umbrales del recurso especial, en un plazo de 15 días hábiles desde la publicación de los pliegos y antes de presentar oferta, ya que presentar oferta implica aceptarlos.

Las que restringen la competencia: solvencia desproporcionada, exigir experiencia con la Administración, prescripciones técnicas a medida o criterios de adjudicación mal definidos.

Como regla general, no. La experiencia debe medirse por la naturaleza del servicio, admitiendo también la prestada a clientes privados. Solo cabe exigir una especialidad pública cuando es inherente al objeto y está justificada.

Ajustando la solvencia y las prescripciones técnicas a la dimensión real del contrato, de modo que los requisitos sean asumibles por un número suficiente de operadores capaces.

Un pliego se blinda frente a recursos en su redacción, no después. Los recursos que anulan licitaciones casi siempre nacen de los mismos errores: solvencia desproporcionada, experiencia exigida por el tipo de cliente, prescripciones técnicas a medida, criterios mal definidos y falta de coherencia entre documentos. Redactar el pliego anticipando esos puntos débiles, con requisitos proporcionados y criterios objetivos, es lo que permite que la licitación avance con seguridad jurídica y atraiga buenas ofertas.

En Life Sector Público redactamos y revisamos pliegos de contratación para entidades públicas con un enfoque orientado a evitar impugnaciones: solvencia proporcionada, prescripciones técnicas abiertas a la competencia, criterios de adjudicación objetivos y coherencia de todo el expediente. Somos especialistas en gestión, asesoramiento legal y gestoría en contratación pública.

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