La entrada en vigor de la UNE EN 17687, puede suponer una oportunidad de cambio para apostar por una nueva forma de gestionar las compras públicas. Con su implantación se busca conseguir que el poder adjudicador lleve a cabo una planificación estratégica, disponer de código de conducta, identificar los riesgos, implantar indicadores para evaluar el desempeño, formar al personal,…etc, que redunde en una mejora y profesionalización de la contratación en el Sector Público.

Esta norma, desde una perspectiva innovadora, proporciona requisitos y directrices para organizaciones compradoras, con respecto a la integridad y rendición de cuentas en los procesos de contratación pública, desde la identificación de las necesidades hasta la entrega de bienes, servicios o contratos de trabajo. La lucha por estos principios, que son objetivos para cualquier organización compradora, implica gestionar diversas limitaciones en diferentes proporciones. En este documento, esto se refleja en el equilibrio entre requisitos de carácter obligatorio si se pretende cumplir con esta norma y requisitos de carácter recomendatorio o directrices a implementar, que deben redundar en la mejora e integridad de los procedimientos de contratación pública.

Hay que tener en cuenta que la integridad, rendición de cuentas y la transparencia son principios fundamentales que deben regir en cada organización para evitar la corrupción y el fraude. Extrapolado a la contratación pública, en fechas recientes se han aprobado diferentes mecanismos destinados a la lucha contra esta problemática.

Destacamos dos puntos en cuestión, la regulación del factor humano y la identificación y gestión de los riesgos:

• La regulación que se efectúa del personal, está alineada con uno de los objetivos básicos de la Estrategia Nacional de Contratación Pública, que hace referencia a la necesidad de incrementar la profesionalización de los agentes públicos que participan en los procesos de contratación, como medio de mejorar la eficiencia de la misma, en aras de un crecimiento inteligente, sostenible e integrado.

En este sentido, la norma establece requisitos como el que la organización compradora debe contar con un código de conducta, o el de desarrollar procesos para prevenir y detectar el fraude y la corrupción en su seno (incluido el mecanismo de denuncia de irregularidades), basados en los resultados de la evaluación de riesgos junto a la recomendación de establecer un sistema de sanciones eficaz, entre otros.

• La orientación en la interpretación de los requisitos y sobre los riesgos comunes en el proceso de contratación, al haberse identificado muchos riesgos en términos de integridad y rendición de cuentas que la organización compradora debe identificar y evaluar.

Es especialmente relevante el Anexo B, en el que se identifican veinticuatro (24) riesgos, distribuidos a lo largo de las tres (3) etapas del proceso de contratación, anteriormente indicados, con ejemplos de opciones de tratamiento:

• • 8 riesgos, relacionados a la fase de preparación, por ejemplo, tiempo insuficiente para la recopilación y el análisis de datos.
  • 10 riesgos asociados a la fase de procedimiento, como disponer de un número limitado de proveedores que responden a la contratación pública.
  • 6 riesgos conectados a la fase de gestión/seguimiento del contrato, como puede ser la existencia de negociaciones posteriores al contrato.

Cabe destacar que en el proyecto para el desarrollo de esta norma han participado cerca de 50 organizaciones de ámbito público y privado, entre ellas algunas asociaciones sectoriales, empresas, pymes, entre otras. Los trabajos de seguimientos se han desarrollado en el Subcomité UNE de Contratación pública.

Un paso más en el objetivo de conseguir una mejora y profesionalización de la contratación en el Sector Público.