Las fuertes precipitaciones e inundaciones que azotaron España en octubre de 2024 ha supuesto un auténtico terremoto para la administración además de dejar desoladas muchas zonas de España, especialmente Valencia. El impacto de la DANA en la contratación pública se ha hecho más que patente por la velocidad  a la que las instituciones han tenido que movilizar recursos. En solo tres meses, se han tramitado más de mil expedientes de contratación y se han invertido más de 413 millones de euros en la reconstrucción de infraestructuras, atención a damnificados y servicios de emergencia. Este despliegue administrativo ha puesto a prueba la capacidad de reacción del sector público, evidenciando sus fortalezas, pero también sus carencias. ¿Hasta qué punto ha afectado a la contratación pública? ¿Se han agilizado los procesos o, por el contrario, han salido a la luz las limitaciones del sistema?