Cuando varias compañías se lanzan a un concurso público para ejecutar una obra, un servicio o un suministro que supera su capacidad individual, la fórmula jurídica preferida en España es la Unión temporal de empresas (UTE). Formar una UTE no es, sin embargo, un simple trámite burocrático; implica obligaciones solidarias, controles adicionales y un régimen fiscal particular que exigen moverse con pies de plomo. Para las firmas que no quieren aprender a base de litigios, la diferencia entre el éxito y el fiasco suele pasar por contar con asesoramiento legal y económico desde el minuto cero.