Uso privativo de un bien público ejemplos: definición y requisitos

29 de julio de 2025

Uso privativo de un bien público: definición, requisitos y ejemplos prácticos.

El uso privativo de bienes de dominio público es una figura jurídica que permite a particulares o entidades utilizar de manera exclusiva ciertos bienes que, por su naturaleza, están destinados al uso general o al servicio público. Esta modalidad de uso requiere una autorización o concesión administrativa y está regulada por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP). En este artículo, analizaremos en profundidad qué implica el uso privativo, los requisitos legales para su otorgamiento y ejemplos prácticos que ilustran su aplicación en España.

Definición de uso privativo de bienes públicos

El uso privativo se refiere a la ocupación o utilización de una porción del dominio público de manera que se limite o excluya la utilización por parte de otros interesados. Es decir, se concede a un particular el derecho exclusivo de uso sobre un bien público, impidiendo su uso común por el resto de la ciudadanía. Este tipo de uso contrasta con el uso común, que es el que corresponde por igual a todos los ciudadanos, y con el uso especial, que implica una utilización singular sin excluir el uso común.

Marco legal aplicable

La regulación del uso privativo de bienes públicos se encuentra principalmente en la LPAP. El artículo 84 de dicha ley establece que «nadie puede, sin título que lo autorice, ocupar bienes de dominio público ni utilizarlos excediéndose del uso que a todos corresponde«. Asimismo, el artículo 86 dispone que el aprovechamiento especial y el uso privativo con instalaciones desmontables o muebles por más de cuatro años, así como la ocupación con obras o instalaciones fijas, deberán estar amparados por una concesión administrativa.

Requisitos para la autorización del uso privativo

Para que un particular pueda obtener el derecho de uso privativo sobre un bien público, debe cumplir con ciertos requisitos legales:

  • Solicitud formal: El interesado debe presentar una solicitud ante la administración competente, especificando el bien público en cuestión, el uso previsto, la duración del mismo y cualquier otra información relevante.
  • Evaluación de compatibilidad: La administración evaluará si el uso privativo solicitado es compatible con la naturaleza del bien y con el interés público.
  • Otorgamiento de título habilitante: Si la evaluación es favorable, se otorgará una concesión administrativa o una autorización, dependiendo de la naturaleza y duración del uso.
  • Pago de canon: El uso privativo suele estar sujeto al pago de un canon o tasa, cuyo importe se determina en función del valor del bien y del uso previsto.

Diferencias entre autorización y concesión

Es importante distinguir entre autorización y concesión en el contexto del uso privativo:

  • Autorización: Se otorga para usos privativos de corta duración o que no impliquen la realización de obras o instalaciones fijas. Tiene carácter temporal y revocable.
  • Concesión: Se requiere cuando el uso privativo implica la ocupación del dominio público con obras o instalaciones fijas, o cuando su duración excede de cuatro años. La concesión tiene una duración determinada y puede ser prorrogable, según lo establecido en el título otorgado.

Ejemplos prácticos de uso privativo

A continuación, se presentan algunos ejemplos que ilustran el uso privativo de bienes públicos en España:

  • Instalación de terrazas en la vía pública: Los bares y restaurantes que instalan terrazas en aceras o plazas requieren una autorización administrativa que les concede el uso privativo de ese espacio durante un período determinado.
  • Quioscos en espacios públicos: La instalación de quioscos en parques o calles implica la ocupación exclusiva de una porción del dominio público, por lo que se necesita una concesión administrativa.
  • Concesiones en playas: La explotación de servicios como chiringuitos o alquiler de hamacas en playas públicas requiere una concesión que autorice el uso privativo de una parte del litoral.
  • Uso de edificios históricos: La gestión privada de monumentos o edificios históricos de titularidad pública, como la Torre Tavira en Cádiz, se realiza mediante concesiones administrativas que permiten su uso privativo con fines turísticos o culturales.

Procedimiento de otorgamiento

El procedimiento para obtener una autorización o concesión para el uso privativo de un bien público incluye las siguientes etapas:

  1. Presentación de la solicitud: El interesado debe presentar una solicitud detallada ante la administración competente.
  2. Evaluación técnica y jurídica: La administración analiza la viabilidad del uso propuesto, considerando aspectos técnicos, jurídicos y de interés público.
  3. Informe de compatibilidad: Se emite un informe que determina si el uso privativo es compatible con la naturaleza del bien y con su destino al uso general o al servicio público.
  4. Resolución administrativa: Si la evaluación es favorable, se dicta una resolución que otorga la autorización o concesión, estableciendo las condiciones y obligaciones del titular.
  5. Formalización del título: Se formaliza el título habilitante mediante el correspondiente documento administrativo, que debe ser aceptado por el beneficiario.

Obligaciones del titular del uso privativo

El titular de un uso privativo de un bien público debe cumplir con diversas obligaciones, entre las que se incluyen:

  • Pago del canon o tasa correspondiente.
  • Mantenimiento y conservación del bien durante el período de uso.
  • Respeto a las condiciones establecidas en la autorización o concesión.
  • Devolución del bien en buen estado al término del período autorizado.
  • Permitir la inspección y supervisión por parte de la administración.

Consecuencias del uso privativo sin autorización

La ocupación o utilización privativa de bienes públicos sin la correspondiente autorización o concesión constituye una infracción administrativa y puede dar lugar a diversas consecuencias legales:

  • Imposición de sanciones económicas.
  • Orden de desalojo o cese de la actividad.
  • Reclamación de daños y perjuicios a la administración.
  • Inhabilitación para obtener futuras autorizaciones o concesiones.

Es fundamental que los particulares y entidades interesadas en el uso privativo de bienes públicos se aseguren de cumplir con todos los requisitos legales y obtengan las autorizaciones pertinentes antes de iniciar cualquier actividad.

Conclusión

El uso privativo de bienes públicos es una figura jurídica que permite a particulares o entidades utilizar de manera exclusiva ciertos bienes de dominio público, siempre que se cumplan los requisitos legales establecidos y se obtenga la correspondiente autorización o concesión administrativa. Comprender las implicaciones legales y los procedimientos asociados a este tipo de uso es esencial para garantizar el respeto al patrimonio público y evitar posibles sanciones.

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