Sistema Dinámico de Adquisición (SDA): aplicación en la contratación pública

Life Sector Público ofrece una explicación técnica, precisa y plenamente ajustada a la legislación vigente sobre el Sistema Dinámico de Adquisición (SDA). Este instrumento, previsto en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP), se ha consolidado como una de las herramientas más útiles para la contratación recurrente de bienes y servicios de uso común. Su funcionamiento íntegramente electrónico y su carácter abierto lo convierten en una fórmula especialmente eficiente tanto para las administraciones como para los operadores económicos.

El Sistema Dinámico de Adquisición es un procedimiento de contratación diseñado para facilitar compras frecuentes de bienes y servicios que pueden considerarse de uso corriente. Su rasgo principal es que se trata de un sistema abierto, lo que significa que las empresas pueden solicitar su participación en cualquier momento durante su vigencia, siempre que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Este funcionamiento garantiza una mayor concurrencia y permite a la administración disponer de un listado actualizado de operadores económicos que pueden ser invitados a presentar ofertas cuando surja la necesidad de adjudicar un contrato concreto.

La regulación del SDA se encuentra dentro del régimen jurídico previsto por la LCSP para los medios de racionalización de la contratación. La norma establece:

• La obligatoriedad de que el sistema se gestione exclusivamente por medios electrónicos.
• La necesidad de estructurarlo en categorías, que agrupen prestaciones homogéneas.
• La posibilidad de que nuevas empresas puedan incorporarse a lo largo de toda la vigencia del sistema.
• La obligación de que los criterios de selección sean claros, objetivos y compatibles con los principios de igualdad y libre concurrencia.

Esta regulación persigue dotar de seguridad jurídica a un procedimiento que, por su naturaleza dinámica, debe garantizar tanto la competencia como la capacidad de la administración para realizar adquisiciones de manera ágil.

El funcionamiento del SDA se articula en dos planos: por un lado, la creación del sistema; por otro, la adjudicación de los contratos derivados.

En la fase inicial, el órgano de contratación publica la convocatoria que define las categorías del sistema, los requisitos de participación, los medios electrónicos y los criterios de selección. Las empresas presentan sus solicitudes y, una vez superada la fase de evaluación, pasan a integrarse en el sistema para la categoría correspondiente.

Cuando surge una necesidad concreta, la administración invita únicamente a las empresas ya admitidas en la categoría pertinente a presentar ofertas. Cada contrato derivado constituye un procedimiento propio, pero con una fase previa de selección abreviada, ya resuelta en la constitución del SDA. Esto permite agilizar los plazos y reducir cargas burocráticas para todas las partes.

Aunque ambos instrumentos comparten la finalidad de racionalizar compras públicas, sus lógicas son distintas.

• El SDA es abierto, mientras que el acuerdo marco es cerrado una vez adjudicado.
• En el SDA se licita cada contrato derivado; en el acuerdo marco, la adjudicación puede estar definida desde el inicio o requerir comparaciones internas entre los adjudicatarios.
• El SDA se orienta a bienes y servicios de uso común, mientras que el acuerdo marco admite objetos de diversa complejidad.
• En el SDA la administración actualiza continuamente su base de operadores; en el acuerdo marco los adjudicatarios permanecen fijos durante toda su duración.

Comprender estas diferencias es esencial para que las empresas adapten su estrategia a cada instrumento y maximicen sus probabilidades de obtener contratos.

El SDA aporta beneficios relevantes tanto para administraciones como para empresas.

Para las administraciones:

• Permite gestionar compras recurrentes con procedimientos más ágiles.
• Aumenta la competencia real al admitir continuamente nuevos licitadores.
• Facilita la planificación gracias a un catálogo vivo de operadores económicos.
• Refuerza la transparencia al basarse en medios electrónicos y procedimientos estandarizados.

Para las empresas:

• Permite incorporarse en cualquier momento, sin esperar nuevas licitaciones.
• Facilita el acceso a múltiples contratos derivados de menor complejidad.
• Reduce la repetición documental, al acreditarse los requisitos en la fase inicial.
• Ofrece un entorno propicio para PYMEs que cumplen los criterios de solvencia exigidos.

El SDA no es adecuado para todas las contrataciones públicas. Presenta limitaciones cuando las prestaciones requieren un alto grado de especialización, personalización o desarrollo técnico individualizado. Tampoco resulta eficiente si las categorías del sistema no se definen correctamente, ya que un diseño demasiado amplio puede generar cargas de gestión excesivas.

Asimismo, las administraciones deben disponer de plataformas electrónicas adecuadas y de procedimientos internos bien coordinados para garantizar la eficacia del sistema.

La participación en un SDA exige preparación continua:

• Mantener actualizada toda la documentación de aptitud y solvencia.
• Revisar periódicamente las invitaciones y licitaciones de contratos derivados.
• Disponer de modelos de oferta que permitan formular propuestas rápidas y rigurosas.
• Identificar las categorías donde la empresa aporta un valor diferenciador.
• Analizar el patrón de adjudicaciones dentro de cada sistema para ajustar estrategias.

La clave no es solo ser admitido, sino participar de forma activa y estratégica en las licitaciones que el sistema genere.

El Sistema Dinámico de Adquisición se ha convertido en un instrumento esencial para la contratación pública de bienes y servicios estandarizados. Su naturaleza abierta, su funcionamiento totalmente electrónico y su capacidad para dinamizar la competencia lo convierten en una herramienta muy útil para administraciones y operadores económicos.

Life Sector Público acompaña a empresas y entidades en todas las fases del SDA, desde su análisis previo hasta la preparación de ofertas en contratos derivados, garantizando un enfoque técnico, preciso y plenamente conforme a la legislación vigente.