Recursos contra sanciones administrativas

Una multa de tráfico, una sanción urbanística, una infracción ambiental o una penalización económica.

El poder sancionador de la Administración es amplio, pero no absoluto. Todo ciudadano o empresa tiene derecho a impugnar las sanciones administrativas, siempre que lo haga dentro de los plazos y conforme a los recursos previstos en la ley.

La defensa frente a una sanción no se basa solo en argumentos, sino en técnica jurídica. Conocer qué recurso corresponde, ante quién presentarlo y qué efectos produce puede marcar la diferencia entre pagar una multa injusta o lograr su anulación.

Este artículo explica paso a paso qué recursos caben frente a las sanciones administrativas, qué plazos existen y cómo plantear una estrategia eficaz ante la Administración y los tribunales.

El régimen sancionador administrativo se apoya en tres pilares normativos:

• La Constitución Española (art. 25 y 24), que garantiza los principios de legalidad, tipicidad y presunción de inocencia.
• La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), que regula los recursos administrativos.
• Las leyes sectoriales (tráfico, medio ambiente, urbanismo, función pública, etc.), que establecen infracciones y sanciones específicas.

Los recursos administrativos son el cauce ordinario de revisión de los actos sancionadores antes de acudir a los tribunales.

Antes de recurrir una sanción, conviene recordar los principios que limitan la actuación administrativa:

• Legalidad: ninguna sanción puede imponerse sin norma previa.
• Tipicidad: los hechos deben encajar exactamente en una infracción prevista por la ley.
• Proporcionalidad: la sanción debe ser adecuada a la gravedad del hecho.
• Presunción de inocencia: la carga de la prueba corresponde a la Administración.
• Non bis in idem: no se puede sancionar dos veces por el mismo hecho.

La vulneración de cualquiera de estos principios es motivo suficiente para impugnar la sanción.

Una vez dictada la resolución sancionadora, el interesado dispone de varios recursos administrativos, según el tipo de órgano y procedimiento:

• Recurso de alzada (art. 121 LPACAP): procede cuando la sanción no agota la vía administrativa. Se presenta ante el órgano superior jerárquico al que dictó el acto.
• Recurso de reposición (art. 123 LPACAP): opcional, si la resolución ya agota la vía administrativa. Se interpone ante el mismo órgano que dictó la sanción.
• Recurso extraordinario de revisión (art. 125 LPACAP): solo en casos excepcionales (error de hecho, aparición de documentos decisivos, sentencia penal absolutoria).

El ciudadano debe revisar si la resolución indica expresamente qué recurso procede, pues es obligatorio que la notificación lo mencione.

Los plazos son perentorios y su incumplimiento conlleva la inadmisión del recurso:

• Recurso de alzada: un mes desde la notificación.
• Recurso de reposición: un mes desde la notificación.
• Recurso extraordinario de revisión: cuatro años desde la notificación o tres meses desde la aparición de la nueva prueba.

Si la Administración no resuelve en el plazo legal (tres meses para alzada o reposición), el silencio administrativo tiene efectos desestimatorios, lo que permite acudir a la vía contencioso-administrativa.

Si el recurso administrativo no prospera o se desestima por silencio, el interesado puede interponer recurso contencioso-administrativo ante los tribunales.

El plazo es de dos meses desde la notificación de la resolución expresa o desde la desestimación presunta.

El recurso se interpone ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo (si la sanción proviene de autoridades locales o autonómicas) o ante la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo según la materia.

Esta vía judicial permite una revisión completa de la legalidad de la sanción y del procedimiento seguido.

Numerosas sanciones son anuladas por defectos de procedimiento. Los más comunes son:

• Falta de notificación válida o fuera de plazo.
• Inexistencia de pruebas suficientes.
• Ausencia de motivación en la resolución.
• Infracción del principio de proporcionalidad.
• Confusión entre instructor y sancionador, que vulnera la imparcialidad.

Los tribunales suelen anular sanciones cuando el procedimiento no garantiza el derecho de defensa o cuando la Administración se basa en simples presunciones.

Para recurrir con éxito una sanción administrativa es recomendable:

• Revisar detalladamente el expediente sancionador.
• Solicitar copia de todas las actuaciones y pruebas.
• Detectar defectos de forma o falta de motivación.
• Aportar pruebas o informes técnicos que contradigan la versión administrativa.
• Mantener un tono jurídico y respetuoso en los escritos.
• Agotar la vía administrativa antes de acudir a los tribunales.

Un abogado especializado en derecho administrativo puede orientar sobre los argumentos más eficaces y la vía más rápida para anular la sanción.

Impugnar una sanción no significa desafiar a la Administración, sino ejercer un derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

El sistema de recursos administrativos está diseñado precisamente para corregir errores y evitar injusticias antes de llegar a los tribunales.

En un Estado de Derecho, el poder sancionador solo es legítimo cuando se ejerce con respeto a las garantías legales. Y la ciudadanía tiene la última palabra… si conoce los recursos para hacerla valer.