Plazos Administrativos: Cómputo y Aplicación
Plazos Administrativos: Guía Completa para su Cómputo y Aplicación según la Ley 39/2015.
Los plazos administrativos son un elemento esencial del procedimiento administrativo. Determinan el tiempo que tiene la Administración para dictar resoluciones, el periodo del que disponen los ciudadanos para presentar alegaciones o recursos, o los límites temporales para la caducidad de procedimientos. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) regula con detalle su naturaleza, cómputo, suspensión y efectos.
Este artículo proporciona una guía completa para comprender el régimen jurídico de los plazos administrativos, desde su cómputo hasta sus consecuencias procesales, con especial atención a su aplicación práctica en procedimientos electrónicos y su interpretación por la jurisprudencia
Definición y Tipos de Plazos Administrativos
Un plazo administrativo es el periodo de tiempo legalmente establecido para que se realice un acto o trámite en el marco de un procedimiento administrativo. Puede fijarlo la ley, el reglamento o el propio acto administrativo.
Los plazos pueden clasificarse en:
- Plazos legales: establecidos expresamente por una norma con rango de ley o reglamento.
- Plazos reglamentarios o convencionales: fijados por las propias administraciones, por ejemplo, en resoluciones o notificaciones.
Y también según su duración:
- Días hábiles o naturales.
- Meses o años.
- Plazos improrrogables o prorrogables.
Además, pueden ser:
- De caducidad: su vencimiento extingue el derecho a realizar el acto.
- De prescripción: su transcurso impide el ejercicio de acciones administrativas o sancionadoras.
Cómputo de Plazos según la Ley 39/2015
La Ley 39/2015 regula el cómputo de los plazos administrativos en sus artículos 29 a 33. Las principales reglas son:
- El día de inicio no se cuenta. El cómputo comienza al día siguiente de la notificación o publicación del acto.
- Los plazos por días se entienden hábiles, salvo que se indique expresamente que son naturales.
- Si el plazo se fija en meses o años, se computa de fecha a fecha. Si no existe día equivalente, se entiende que vence el último del mes.
Ejemplo: si un plazo de 10 días hábiles comienza el lunes 1 de abril, y hay un festivo el viernes 5, ese día no cuenta, y el plazo vence el lunes 15.
Días Hábiles e Inhábiles: Cómo Identificarlos
La LPACAP define como inhábiles los sábados, domingos y festivos (artículo 30). Además:
- Cada Administración puede declarar días inhábiles adicionales en su ámbito territorial.
- El calendario de días inhábiles se publica anualmente en el Boletín Oficial del Estado.
También se consideran inhábiles, a efectos de cómputo, los días en que los registros electrónicos no estén disponibles por razones técnicas debidamente acreditadas y notificadas.
Ampliación y Suspensión de Plazos
Ampliación
Según el artículo 32 LPACAP:
- La Administración puede conceder, de oficio o a instancia del interesado, una ampliación de los plazos, siempre que no perjudique derechos de terceros.
- Debe solicitarse antes del vencimiento del plazo original.
- No puede exceder la mitad del plazo inicial, salvo norma expresa que lo autorice.
Suspensión
El artículo 22 regula supuestos de suspensión del plazo para resolver, entre otros:
- Solicitud de informes preceptivos no vinculantes.
- Necesidad de realizar pruebas técnicas o de informes de órganos externos.
- Interposición de recursos que suspendan el procedimiento.
Durante la suspensión, los plazos no corren, y deben reanudarse desde el mismo punto una vez cesen las causas.
Efectos del Incumplimiento de Plazos
El incumplimiento de los plazos puede generar consecuencias para las partes:
Para la Administración
- Silencio administrativo: si no se resuelve en plazo, puede producirse estimación o desestimación por silencio, según el caso (art. 24 LPACAP).
- Responsabilidad patrimonial en casos de perjuicio al administrado.
- Caducidad del procedimiento si así lo prevé la norma y no se dicta resolución en plazo (art. 25).
Para los ciudadanos
- Preclusión de trámites: la falta de actuación en plazo impide continuar en el procedimiento.
- Caducidad de recursos o acciones, con pérdida de derechos procesales.
Plazos en Procedimientos Electrónicos
La Ley 39/2015 adapta los plazos a la tramitación electrónica:
- Las 24 horas del día son hábiles para presentar documentos por registro electrónico, salvo días inhábiles.
- Si un plazo finaliza en día inhábil, se traslada automáticamente al primer día hábil siguiente.
- La fecha y hora de presentación es la del sistema del registro, no la del dispositivo del usuario.
Los sistemas deben emitir recibos electrónicos con la fecha y hora, lo que actúa como garantía frente a posibles controversias.
Errores Comunes y Recomendaciones Prácticas
Errores frecuentes
- Contar el día de la notificación como el primer día del plazo.
- Asumir que todos los días son hábiles sin revisar el calendario oficial.
- No tener en cuenta los plazos en procedimientos electrónicos.
- Solicitar ampliaciones fuera de plazo.
Recomendaciones
- Consultar siempre el calendario de días inhábiles publicado en el BOE.
- Utilizar herramientas automatizadas de gestión de plazos.
- Incorporar cláusulas sobre plazos en los informes y resoluciones administrativas.
- Capacitar al personal técnico y jurídico sobre el cómputo de plazos.
Conclusión: Importancia de una Gestión Adecuada de los Plazos
El correcto cómputo y cumplimiento de los plazos administrativos es esencial para garantizar la eficacia de los procedimientos, la protección de los derechos de los ciudadanos y la seguridad jurídica de las decisiones administrativas. La Ley 39/2015 ofrece un marco claro, pero su aplicación requiere atención, formación y herramientas que aseguren su cumplimiento.
LIFE Sector Público, tu experto en Administración Pública
En LIFE Sector Público, somos especialistas en derecho administrativo y ofrecemos un servicio integral de asesoramiento y representación en Procedimientos en Vía Administrativa, Recursos, y Contencioso Administrativo. Nuestro equipo de abogados expertos en derecho administrativo proporciona una defensa sólida y eficaz en disputas con la administración pública.
- Análisis de casos: Estudio detallado de la situación legal y viabilidad del caso.
- Redacción de escritos y recursos: Elaboración de todos los documentos necesarios para la defensa.
- Asesoría y defensa en procedimientos contencioso administrativos: defensa y representación en todas las instancias judiciales, incluyendo la ejecución de sentencia.
Si necesitas más información o quieres saber cómo podemos ayudarte, no dudes en contactarnos llamando al +34 679 092 414.
Contáctanos AQUÍ para recibir un asesoramiento legal especializado y personalizado.