Incompatibilidades de los funcionarios públicos

¿Puede un funcionario trabajar en una empresa privada? ¿Es compatible impartir clases o realizar consultoría con un puesto público?

La respuesta depende del régimen de incompatibilidades, una pieza esencial del sistema ético-administrativo español.

Su objetivo es garantizar que quienes sirven al Estado lo hagan con dedicación, imparcialidad y transparencia, evitando conflictos de interés o aprovechamiento del cargo público para fines particulares.

En este artículo analizamos la normativa que regula las incompatibilidades de los funcionarios, los casos más comunes de compatibilidad autorizada, los procedimientos de control y las sanciones previstas por su incumplimiento.

El régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas se regula en:

• La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
• El Real Decreto 598/1985, que desarrolla dicha ley.
• Los estatutos específicos de determinados cuerpos y entidades (docentes, sanitarios, universitarios, etc.).
• El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, que integra el principio de dedicación al servicio público.

Esta normativa es de aplicación a todo el personal funcionario, estatutario y laboral de las Administraciones públicas, cualquiera que sea su nivel o régimen de contratación.

El artículo 1 de la Ley 53/1984 es claro:

“El desempeño de un puesto de trabajo en el sector público es incompatible con cualquier otro en el mismo sector y con el ejercicio de actividades privadas que se relacionen directamente con las funciones del puesto.”

En otras palabras, el funcionario no puede desempeñar dos empleos públicos simultáneamente ni realizar actividades privadas que comprometan su imparcialidad.

Este principio busca evitar el conflicto de intereses, la doble retribución con fondos públicos y la utilización de información privilegiada.

La incompatibilidad entre empleos públicos es absoluta, salvo casos expresamente permitidos:

• Docencia universitaria: los funcionarios pueden ejercer como profesores asociados o colaboradores previa autorización.
• Actividades culturales o científicas esporádicas: conferencias, publicaciones o participación en tribunales de oposiciones.
• Cargos electivos locales (alcalde, concejal, diputado): compatibles si no suponen dedicación exclusiva.

En todo caso, debe solicitarse autorización previa al órgano de personal correspondiente, que evaluará la compatibilidad en función de la dedicación, horario y retribución.

El personal público puede ejercer ciertas actividades privadas compatibles, siempre que no interfieran en su trabajo ni se relacionen con el ámbito de sus competencias.

Compatibles:

• Docencia en centros privados no relacionados con su función.
• Investigación o autoría intelectual (libros, artículos, patentes).
• Actividades agrícolas, artísticas o profesionales sin conexión funcional con el puesto público.

Prohibidas:

• Participar en empresas o entidades que tengan relación con el organismo donde se presta servicio.
• Ejercer consultoría, abogacía o representación en procedimientos administrativos.
• Percibir retribuciones de contratos o subvenciones públicas gestionadas por el propio órgano donde trabaja el funcionario.

La frontera entre lo permitido y lo prohibido requiere siempre análisis concreto y autorización previa.

El funcionario que desee realizar una actividad privada o pública adicional debe presentar solicitud formal ante el órgano competente, acompañada de:

• Descripción detallada de la actividad.
• Horario previsto.
• Declaración de ausencia de conflicto de intereses.

La Administración resolverá en el plazo máximo de tres meses, entendiendo desestimada la solicitud si no hay respuesta.

Si se concede, la compatibilidad puede estar condicionada a límites horarios y retributivos. Toda modificación sustancial debe comunicarse de nuevo.

El artículo 7 de la Ley 53/1984 establece que ningún empleado público puede percibir más del 30 % adicional de su retribución base anual por actividades compatibles remuneradas.

Este límite pretende evitar que las actividades privadas o complementarias desvirtúen la dedicación principal al servicio público.

Las actividades docentes o científicas quedan exentas de dicho límite en determinados supuestos, especialmente en el ámbito universitario.

El incumplimiento del régimen de incompatibilidades constituye falta muy grave, conforme al artículo 95 del EBEP, y puede acarrear:

• Suspensión o pérdida del puesto de trabajo.
• Inhabilitación para empleo público.
• Devolución de retribuciones percibidas indebidamente.

El procedimiento disciplinario se tramita conforme al régimen general de faltas y sanciones, garantizando la audiencia del interesado y la motivación de la resolución.

La jurisprudencia ha afinado los criterios de interpretación:

• STS 14/03/2018: confirma sanción por compatibilizar empleo público con consultoría privada relacionada con su cargo.
• STS 23/06/2020: considera compatible la docencia universitaria con el desempeño de un cargo técnico en la Administración, por ser actividad ajena a sus funciones.
• STSJ de Madrid, 15/02/2022: anula sanción al no haberse probado el perjuicio efectivo al servicio público.

Los tribunales insisten en ponderar caso por caso, primando el principio de objetividad y transparencia.

El régimen de incompatibilidades no pretende limitar la libertad personal, sino proteger la integridad del servicio público.

La imparcialidad administrativa es incompatible con intereses privados ocultos o paralelos.

Por eso, la compatibilidad debe ser siempre la excepción, no la norma.

En última instancia, la confianza ciudadana en sus funcionarios depende de una sola cosa: que su dedicación y lealtad sean, sin fisuras, al interés general.