Contratos Irregulares en Contratación Pública
La contratación pública en España, regida por principios de transparencia, igualdad y competencia, enfrenta desafíos significativos cuando se presentan prácticas irregulares. Estas situaciones no solo comprometen la legalidad de los procedimientos, sino que también generan inseguridad jurídica y posibles consecuencias económicas y legales para las administraciones y contratistas involucrados.
Marco Normativo de la Contratación Pública en España
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), establece el marco legal que regula la contratación pública en España. Esta normativa transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, reforzando los principios de transparencia, igualdad de trato y libre competencia.
El artículo 37 de la LCSP prohíbe expresamente la contratación verbal, salvo en casos de emergencia debidamente justificados. Asimismo, el artículo 39 establece la nulidad de pleno derecho de los contratos celebrados sin cumplir los requisitos legales.
Tipologías de Contratación Irregular
Las prácticas irregulares en la contratación pública pueden clasificarse en diversas categorías, cada una con implicaciones legales específicas:
Contratación Verbal
La contratación verbal, salvo en situaciones de emergencia, está prohibida por la LCSP. No obstante, algunas administraciones recurren a este tipo de contratación, generando inseguridad jurídica y posibles reclamaciones por parte de los contratistas.
Fraccionamiento del Objeto del Contrato
El fraccionamiento indebido del objeto del contrato para eludir los procedimientos de contratación establecidos vulnera los principios de publicidad y concurrencia, constituyendo una práctica irregular.
Adjudicaciones Directas sin Justificación
La adjudicación directa de contratos sin la debida justificación y sin seguir los procedimientos establecidos infringe la normativa de contratación pública, comprometiendo la transparencia del proceso.
Modificaciones Contractuales Ilegales
Las modificaciones sustanciales de los contratos sin seguir los procedimientos legales establecidos pueden dar lugar a contratos irregulares, afectando la validez del acuerdo original.
Consecuencias Legales de la Contratación Irregular
La celebración de contratos irregulares puede acarrear diversas consecuencias legales para las partes involucradas:
Nulidad del Contrato
Los contratos celebrados sin cumplir los requisitos legales son nulos de pleno derecho, careciendo de efectos jurídicos y siendo inaplicables.
Responsabilidad Patrimonial
La administración puede ser responsable patrimonialmente por los daños y perjuicios causados a terceros como consecuencia de la celebración de contratos irregulares.
Responsabilidad Contable
Los funcionarios y autoridades que intervienen en la celebración de contratos irregulares pueden incurrir en responsabilidad contable por la gestión indebida de fondos públicos.
Responsabilidad Penal
En casos graves, la celebración de contratos irregulares puede constituir un delito de prevaricación administrativa o malversación de fondos públicos, con las correspondientes consecuencias penales.
Mecanismos de Control y Prevención
Para prevenir la celebración de contratos irregulares, es fundamental implementar mecanismos de control y supervisión eficaces:
Órganos de Control Interno
Las administraciones públicas deben contar con órganos de control interno que supervisen los procedimientos de contratación y detecten posibles irregularidades.
Intervención y Fiscalización
La intervención y fiscalización de los contratos por parte de los órganos competentes es esencial para garantizar el cumplimiento de la normativa y prevenir irregularidades.
Formación y Capacitación
La formación y capacitación del personal encargado de la contratación pública es fundamental para asegurar el conocimiento y aplicación adecuada de la normativa.
Transparencia y Publicidad
La transparencia y publicidad en los procedimientos de contratación son elementos clave para prevenir irregularidades y fomentar la confianza en la gestión pública.
Jurisprudencia Relevante
La jurisprudencia española ha abordado diversos casos de contratos irregulares en la contratación pública. Por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2023 (ECLI:ES:TS:2023:4480), se confirmó la posibilidad de acudir a la doctrina del enriquecimiento injusto para justificar el pago de servicios prestados en supuestos de contratación irregular, como la contratación verbal.
Asimismo, en casos como el de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), se han detectado irregularidades en la contratación de personal sin seguir los procedimientos legales, lo que ha dado lugar a investigaciones judiciales y responsabilidades penales.
Doctrina del Enriquecimiento Injusto
La doctrina del enriquecimiento injusto ha sido aplicada por la jurisprudencia para resolver situaciones en las que la administración se ha beneficiado de servicios prestados sin la existencia de un contrato válido. Esta doctrina permite al contratista reclamar el pago por los servicios efectivamente prestados, siempre que se cumplan ciertos requisitos, como la ausencia de mala fe y la existencia de un enriquecimiento sin causa por parte de la administración.
Revisión de Oficio y Reconocimiento Extrajudicial de Créditos
En casos de contratos irregulares, la administración puede proceder a la revisión de oficio de los actos administrativos viciados de nulidad, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, puede recurrirse al reconocimiento extrajudicial de créditos para satisfacer las obligaciones derivadas de servicios efectivamente prestados sin contrato válido.
Conclusiones y Recomendaciones
La celebración de contratos irregulares en la contratación pública constituye una grave infracción de la legalidad que puede acarrear consecuencias económicas, administrativas y penales. Es fundamental que las administraciones públicas implementen mecanismos de control y prevención eficaces, y que el personal encargado de la contratación esté debidamente formado y capacitado.
Además, es esencial fomentar la transparencia y la publicidad en los procedimientos de contratación, así como garantizar la rendición de cuentas y la responsabilidad de los actores involucrados. Solo así se podrá asegurar una gestión pública eficiente, transparente y ajustada a la legalidad.
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