Conductas colusorias en la contratación pública: análisis jurídico, sanciones y prevención

La contratación pública es el mayor mercado de España. Se estima que en torno al 20 % del PIB nacional se canaliza a través de contratos con la Administración, lo que convierte este ámbito en un foco de atracción para empresas de todos los sectores. Sin embargo, ese enorme volumen económico también es terreno fértil para prácticas fraudulentas, entre ellas las conductas colusorias, que distorsionan la competencia y ponen en riesgo el buen uso de los recursos públicos.

Las conductas colusorias no son meras irregularidades. Se trata de pactos ilícitos entre operadores económicos que, en lugar de competir, deciden coordinarse para manipular licitaciones, repartirse el mercado o fijar precios. Estas prácticas lesionan el principio de libre concurrencia, perjudican a las Administraciones y, en última instancia, dañan a los ciudadanos que financian con sus impuestos esos contratos.

En España, la CNMC ha sancionado en los últimos años a decenas de empresas con multas millonarias y prohibiciones de contratar con el sector público. La jurisprudencia europea ha reforzado la idea de que la colusión en licitaciones constituye uno de los atentados más graves contra el mercado único.

Según el artículo 1 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia (LDC), se prohíbe todo acuerdo, decisión o práctica concertada entre empresas que tenga por objeto o efecto impedir, restringir o falsear la competencia. En el ámbito europeo, el artículo 101 del TFUE recoge una prohibición similar.

Elementos clave:

• Pluralidad de operadores económicos: al menos dos empresas.
• Existencia de acuerdo: expreso o tácito.
• Efecto anticompetitivo: fijación de precios, reparto de mercados, manipulación de ofertas.

Debe diferenciarse de otras infracciones, como el abuso de posición dominante, que es unilateral.

• Reparto de mercados o clientes.
• Fijación de precios.
• Pujas de cobertura.
• Acuerdos de retirada.
• Reparto rotatorio.
• Subcontrataciones pactadas.

Todas estas modalidades eliminan la competencia y generan perjuicios económicos a la Administración.

• Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia: sanciones de hasta el 10 % del volumen de negocio.
• Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP): prohíbe contratar a empresas sancionadas (art. 71).
• Reglamento (CE) 1/2003: aplicación directa de los arts. 101 y 102 TFUE.
• Directivas europeas de 2014: refuerzan la prevención del bid rigging.

• CNMC (Expte. Consultoras de Ingeniería, 2016): sanciones de más de 200 millones por coordinación.
• CNMC (Expte. Seguridad Privada, 2016): reparto de contratos en hospitales.
• Audiencia Nacional, 27/06/2019: confirma sanciones en recogida de basuras.
• TJUE, asunto T-Mobile (C-8/08): basta la posibilidad de restringir la competencia para que exista infracción.

• Multas de hasta el 10 % del volumen de negocio.
• Prohibición de contratar con el sector público.
• Grave daño reputacional.
• Responsabilidad civil frente a terceros.
• Posibles consecuencias penales por fraude a la Administración.

Indicadores usados por la CNMC y órganos de contratación:

• Ofertas con precios idénticos o diferencias mínimas.
• Errores idénticos en varios licitadores.
• Rotación sospechosa de adjudicatarios.
• Distribución artificial por zonas o lotes.
• Subcontrataciones recurrentes entre competidores.

El uso de IA y big data es cada vez más habitual para detectar patrones sospechosos.

• Exención o reducción de multas para empresas que confiesen y colaboren.
• Favorecen la ruptura de cárteles y aportación de pruebas.
• Inspirados en modelos europeos con gran eficacia.

• Cláusulas específicas en los pliegos.
• Programas de compliance en competencia.
• Formación de técnicos de contratación en detección de colusión.
• Transparencia y publicidad activa.
• Auditorías externas y análisis de datos masivos.

Las conductas colusorias son una amenaza directa contra la libre concurrencia y la eficiencia de la contratación pública. Generan sobrecostes, reducen la calidad de los servicios y erosionan la confianza en las instituciones.

El marco normativo español y europeo permite sanciones contundentes, pero la clave está en la prevención: transparencia, formación, compliance y colaboración con las autoridades.

Para las empresas, el mensaje es claro: un pacto colusorio puede significar multas millonarias y la prohibición de contratar. Para la Administración, la obligación es sancionar y dificultar la colusión. Combatir estas prácticas es proteger el interés general y asegurar un uso responsable de los recursos públicos.