Inventario de bienes públicos: funcionamiento en España

Introducción: el patrimonio enorme y la necesidad de orden

El patrimonio público es vasto: inmuebles, infraestructuras, bienes muebles, derechos sobre terrenos, concesiones, incluso bienes culturales. Sin un inventario riguroso y actualizado, es fácil que se pierda el control, que aparezcan duplicidades, que se desconozca el uso real de los bienes o que se dificulte su gestión y conservación.

Así, el inventario de bienes públicos no es un mero trámite administrativo, sino una herramienta esencial de transparencia, eficacia y responsabilidad patrimonial. Su correcta práctica posibilita valorar, mantener, controlar y, si hace falta, disponer o enajenar bienes con garantías jurídicas.

En lo que sigue, veremos qué dice la normativa española, cómo funciona el inventario del sector público estatal (INVENTE), qué debe incluirse, quién es competente, cuál es el mecanismo de gestión y cuáles son los retos prácticos.

La obligación de inventariar bienes públicos descansa en varias normas esenciales:

• La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, establece en su artículo 32.1 que las Administraciones deben “inventariar los bienes y derechos que integran su patrimonio, haciendo constar con suficiente detalle las menciones necesarias para su identificación y las que resulten precisas para reflejar su situación jurídica y el destino o uso al que están siendo dedicados”.
• El Real Decreto 749/2019, de 27 de diciembre, regula el funcionamiento del Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local (INVENTE) como registro público administrativo.
• En sectores específicos (patrimonio cultural, bienes demaniales, catálogos legales) existen normas particulares que determinan qué bienes deben incluirse en inventarios especializados.
• Para los bienes inmuebles estatales, existe un sistema informático unificado: la Central de Información de Bienes Inventariables (CIBI), que facilita la tramitación y gestión del inventario estatal de inmuebles.

Estas normas aseguran que el inventario no quede en papel sin operatividad, sino que funcione como una base de datos viva, pública y coordinada entre órganos estatales, autonómicos y locales.

Un buen inventario no es solo una lista; debe contener una serie de datos mínimos y relevantes para que el bien pueda ser identificado, valorado y gestionado. Entre lo que debe incluir destacan:

• Identificación completa del bien: tipo (inmueble, mueble, derecho, concesión), código de inventario, localización precisa.
• Estado físico y conservación: condiciones, anomalías, incidencias.
• Situación jurídica: titularidad, cargas, gravámenes, servidumbres, usos asignados.
• Fecha y procedimiento de adquisición, coste histórico y datos contables.
• Valoración económica, según criterios aplicables (valor de mercado, coste de reposición, valor patrimonial).
• Destino o uso actual del bien, funciones encomendadas y adscripción.
• Movimientos patrimoniales: altas, bajas, modificaciones, transferencias o cesiones.

Desde una óptica contable, el inventario debe reflejar las alteraciones jurídicas y físicas del bien, proporcionando un “mapa fiel” del patrimonio público, incluyendo bienes cedidos o adscritos a otras entidades.

El inventario no es tarea exclusiva del Estado central. El INVENTE cubre entidades del sector público estatal, autonómico y local. El Real Decreto 749/2019 define su organización, estructura, funcionamiento y efectos.

Todas las administraciones y entidades públicas —ministerios, organismos, comunidades autónomas, ayuntamientos y entidades dependientes— deben remitir información sobre sus bienes e incorporarlos al INVENTE, conforme al procedimiento regulado.

Las unidades competentes en materia patrimonial de cada departamento o entidad tienen la obligación de gestionar su inventario y comunicar las alteraciones de bienes que les afecten al registro central.

Para bienes inmuebles estatales, el sistema CIBI conecta con los órganos patrimoniales, facilitando la gestión unificada y la actualización permanente de datos.

El INVENTE es un registro público administrativo, previsto en el Real Decreto 749/2019, orientado a garantizar la información y ordenación del patrimonio público. Sus elementos esenciales incluyen:

• Inscripción obligatoria de entidades y su patrimonio conforme al régimen regulado.
• Publicación periódica del Inventario como medida de transparencia y rendición de cuentas.
• Funciones de coordinación y control a cargo de la Intervención General del Estado, para asegurar la coherencia de la información.
• Comunicación obligatoria de actualizaciones de bienes (altas, bajas o modificaciones) entre las entidades y el registro central.

El objetivo es que el INVENTE funcione como una base de datos interoperable y actualizada, útil para auditorías, control patrimonial y toma de decisiones estratégicas.

Para que el inventario no se quede en un libro inútil, es necesario apoyarse en sistemas informáticos:

• El CIBI (Central de Información de Bienes Inventariables del Estado) actúa como plataforma para la gestión y tramitación de inventarios de bienes inmuebles.
• Las entidades locales adoptan sistemas propios de gestión patrimonial que permiten altas, bajas, modificaciones y conexión con la contabilidad municipal.
• La interoperabilidad entre registros (contable, financiero, catastral o cultural) es clave para evitar duplicidades y errores.
• El uso de códigos unificados de inventario facilita la trazabilidad del bien a lo largo del tiempo.
• La actualización en tiempo real de los movimientos patrimoniales requiere procedimientos internos ágiles y coordinación interdepartamental.

La digitalización fortalece el control, mejora la eficiencia y facilita el acceso público a la información patrimonial.

Aunque la normativa es clara, la práctica enfrenta varios obstáculos:

• Incompletitud histórica: muchas administraciones no han registrado bienes adquiridos en el pasado.
• Falta de datos fiables: ubicación, cargas o valoraciones pueden estar desactualizadas.
• Descoordinación administrativa entre departamentos de patrimonio, contabilidad y urbanismo.
• Costes de mantenimiento y actualización: el inventario debe ser dinámico, no estático.
• Bienes culturales o demaniales: su gestión especial puede dificultar la uniformidad del registro.
• Exclusiones normativas: ciertos bienes destinados a su venta o con usos específicos pueden quedar fuera del inventario obligatorio.
• Auditorías e informes de control que detectan inconsistencias, obligando a correcciones o saneamientos patrimoniales.

Superar estos retos exige voluntad política, recursos técnicos y procedimientos organizados que garanticen la actualización permanente.

Un inventario bien construido no es mera formalidad: tiene efectos sustanciales para la buena gestión pública. Entre sus principales beneficios destacan:

• Facilita el control patrimonial y la rendición de cuentas ante órganos de control y ciudadanía.
• Permite decisiones fundadas sobre mantenimiento, uso, explotación, cesión o enajenación de bienes.
• Apoya la planificación presupuestaria al conocer el valor real del patrimonio público.
• Mejora la transparencia y visibilidad del patrimonio estatal y autonómico.
• Reduce riesgos de pérdidas, deterioros o usurpaciones de bienes públicos.
• Fomenta la coordinación entre entidades y el uso eficiente de los recursos patrimoniales.

En última instancia, el inventario dota de racionalidad, eficiencia y legitimidad a la gestión del patrimonio público.

El inventario de bienes públicos no es solo un registro, sino un instrumento esencial de buen gobierno. Obliga a las Administraciones a conocer, gestionar, actualizar y dar transparencia al vasto patrimonio que administran en beneficio de todos.

Con el respaldo normativo de la Ley 33/2003 y el desarrollo reglamentario del Real Decreto 749/2019 —con el INVENTE como eje vertebrador—, España ha dado pasos firmes hacia una gestión patrimonial más ordenada y transparente.

Pero la normativa no es suficiente: hacen falta voluntad institucional, recursos técnicos y coordinación entre departamentos. Solo así el inventario dejará de ser un libro de papel y se convertirá en una herramienta viva que fortalezca la integridad, eficacia y legitimidad del patrimonio público.