Anuncio previo de licitación en la contratación pública: ventajas y requisitos

En el mundo de la contratación pública no todo empieza con una licitación abierta. Antes de que un expediente salga a concurso, hay señales tempranas que permiten adivinar qué se prepara dentro de un órgano de contratación. Una de esas señales, quizá la más discreta y al mismo tiempo una de las más útiles, es el anuncio previo de licitación.

Quien trabaja con contratos públicos sabe que la información anticipada es oro. Los contratos no se preparan en dos días. Las empresas necesitan tiempo para organizar equipos, calcular costes, revisar solvencia, decidir si se presentan solas o en unión temporal y, en muchos casos, incluso para analizar si el contrato encaja en su estrategia. Y la Administración —aunque a veces se olvide— también necesita margen para planificar mejor, ordenar su calendario de compras y comunicar sus intenciones de manera transparente.

El anuncio previo cumple precisamente esa función: abre una rendija por la que asomarse al futuro de un mercado concreto. Es el indicio de que algo se está gestando, pero sin necesidad de definirlo por completo. Es también un recordatorio de que la contratación pública exige previsión, incluso cuando la presión del día a día empuja a resolver lo inmediato.

Sin embargo, hay un matiz que suele pasar desapercibido: su impacto jurídico. Porque, aunque el anuncio previo no inicia un procedimiento, puede modificar plazos, orientar estrategias y, en algunos casos, incluso sustituir al anuncio de licitación. Esta ambigüedad estructural —informativa, pero con efectos reales— lo convierte en una herramienta que merece ser analizada con detalle.

En este artículo exploramos su naturaleza jurídica, su relevancia práctica, sus efectos, sus requisitos y las oportunidades que ofrece a quienes saben aprovecharlo. Sin enumerar bloques, sin atajos y sin artificios. Con rigor legal, lenguaje preciso y un estilo pensado para que tanto gestores públicos como empresas encuentren respuestas claras.

El anuncio previo de licitación es una comunicación pública mediante la cual un poder adjudicador informa al mercado de su intención de licitar uno o varios contratos en un futuro próximo. Su función principal es ofrecer publicidad anticipada, permitiendo que los operadores económicos tengan tiempo suficiente para prepararse.

A diferencia del anuncio de licitación, el anuncio previo no abre ningún procedimiento ni obliga a la Administración a convocar finalmente el contrato. Su naturaleza jurídica es esencialmente informativa. No es un acto administrativo resolutorio ni produce efectos que permitan iniciar recursos. Sin embargo, adquiere relevancia porque está vinculado a dos principios esenciales de la contratación pública: transparencia y concurrencia.

Esta figura hunde sus raíces en el derecho de la Unión Europea. La Directiva 2014/24/UE prevé expresamente la posibilidad de que los poderes adjudicadores publiquen anuncios de información previa para informar sobre contratos previstos durante los siguientes doce meses. La LCSP, en su trasposición, lo integra como mecanismo voluntario que puede tener efectos prácticos, especialmente cuando se publica para permitir la reducción de plazos en procedimientos posteriores.

En esencia, el anuncio previo funciona como un aviso al mercado que, sin generar derechos ni obligaciones firmes, mejora la planificación de todos los actores implicados. Un anticipo que señala por dónde irá el mercado contractual en los próximos meses.

La regulación del anuncio previo no surge de improviso. Forma parte de una arquitectura jurídica diseñada para mejorar la transparencia y la planificación de las contrataciones públicas en Europa.

La Directiva 2014/24/UE establece la obligación para los poderes adjudicadores de publicar anuncios de información previa cuando deseen informar anticipadamente de contratos sujetos a regulación armonizada. Señala también que este anuncio puede emplearse para reducir plazos posteriores, siempre bajo determinadas condiciones formales y temporales.

En España, la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público incorpora esta figura con fidelidad a la normativa europea. La LCSP lo sitúa dentro del sistema de publicidad contractual y lo articula principalmente como herramienta voluntaria, aunque útil, para comunicar previsiones de contratación.

La ley exige que esta publicidad anticipada se realice en el perfil del contratante y, en caso de contratos armonizados, también en el Diario Oficial de la Unión Europea. Esto garantiza que la información llegue no solo a operadores nacionales, sino también a empresas que participan de forma habitual en mercados transfronterizos.

El marco normativo establece además que el anuncio previo puede utilizarse para:

• Informar sobre la intención de licitar sin compromiso firme.
• Sustituir, en determinados casos, al anuncio de licitación en procedimientos abiertos.
• Permitir que los plazos de presentación de ofertas se reduzcan cuando se cumplan requisitos estrictos.

La regulación es, en este sentido, clara y coherente: el anuncio previo es voluntario, pero su correcta utilización puede aportar valor jurídico y administrativo.

El anuncio previo puede parecer un gesto formal sin demasiada trascendencia, pero en realidad cumple funciones estratégicas tanto para la Administración como para las empresas que participan en licitaciones.

Desde la perspectiva del poder adjudicador, publicar un anuncio previo facilita la organización interna. Obliga a ordenar prioridades y prever un calendario aproximado de expedientes. Además, proporciona transparencia respecto a la política de compras del órgano de contratación, lo que suele interpretarse como un compromiso con la buena administración.

Una ventaja especialmente relevante es la posibilidad de reducir plazos posteriores en procedimientos abiertos. En un contexto en el que los tiempos administrativos suelen dilatarse, esa herramienta puede ser clave.

Para los operadores económicos, el anuncio previo funciona como señal estratégica. Permite identificar con antelación operaciones relevantes, preparar documentación, reforzar alianzas, valorar necesidades de solvencia o decidir si el contrato encaja en su estrategia comercial. Incluso cuando el anuncio no detalla todos los aspectos técnicos, suele bastar para detectar oportunidades o descartar otras.

También transmite tranquilidad. A nadie le gusta enterarse de una licitación importante con apenas unos días de margen para analizarla. La anticipación mejora tanto la participación como la calidad de las ofertas.

En suma, el anuncio previo sirve para sincronizar tiempos, reducir incertidumbre y mejorar la competitividad.

Para que el anuncio previo cumpla su función, la normativa exige un contenido mínimo que permita a los operadores económicos comprender el tipo de contrato previsto y decidir si les interesa seguirle la pista. Aunque no sea tan detallado como un pliego, los datos no pueden ser vagos o irrelevantes.

El anuncio previo suele incluir:

• Identificación clara del poder adjudicador.
• Tipo de contrato previsto: obras, suministros o servicios.
• Descripción general del objeto.
• Presupuesto estimado o rango aproximado.
• Fecha o período orientativo en que se prevé iniciar el procedimiento.
• Criterios o condiciones generales de ejecución si ya se conocen.
• Indicación de si podrá usarse como anuncio de licitación en un procedimiento abierto.

Este contenido mínimo responde a una lógica sencilla: si la Administración quiere que el mercado se prepare, debe ofrecer información útil. El anuncio previo no es un mero “ya veremos”. Es una señal formal, sujeta a requisitos concretos que condicionan incluso la validez de reducciones temporales posteriores.

Algunos órganos de contratación incorporan además información sobre lotes previstos, nivel de competencia esperado o intenciones en materia de criterios de adjudicación. No es obligatorio, pero sí muy valorado por los operadores económicos, porque les permite anticipar una parte relevante de la estrategia de preparación.

El anuncio previo suele publicarse bien al inicio del ejercicio presupuestario, bien en fases tempranas de preparación del expediente. Su eficacia depende justamente de ese momento: si se publica demasiado pronto, pierde utilidad; si se publica demasiado tarde, no permite la preparación del mercado.

Sus efectos prácticos pueden dividirse en varias dimensiones.

Información al mercado. Comunica a empresas, asociaciones y otros interesados qué contratos se barajan y en qué momento aproximado. A menudo se convierte en el primer indicio de que un órgano va a mover un volumen significativo de contratación.

Reducción de plazos. En procedimientos abiertos, el anuncio previo puede permitir acortar plazos de presentación de ofertas, siempre que se haya publicado correctamente y con la antelación suficiente. No se trata de un privilegio automático. Requiere cumplir condiciones temporales estrictas.

Planificación interna. Para la Administración, su publicación actúa como compromiso interno de ordenación del calendario. Obliga a equipos técnicos y jurídicos a mantener una secuencia lógica.

Transparencia institucional. La publicación del anuncio previo contribuye a reforzar la imagen de transparencia. Incluso si finalmente el contrato no se licita, la información proporcionada se considera legítima en sí misma, puesto que forma parte de la planificación inicial.

Adaptación del mercado. Las empresas pueden reorganizar recursos personales, logísticos o económicos. Determinados sectores —como tecnología, mantenimiento o servicios energéticos— dependen de esa anticipación para no improvisar.

El anuncio previo, en definitiva, no inicia nada, pero prepara mucho.

Aunque ambos documentos comparten el objetivo de informar sobre contratos públicos, las diferencias entre ellos son fundamentales. Confundirlos conduce a errores estratégicos notables.

El anuncio previo es un instrumento de orientación. No abre plazos ni constituye un acto administrativo que desencadene un procedimiento. Su función es advertir, con cierta anticipación, qué contratos se prevén licitar. El contenido es orientativo y puede estar sujeto a cambios significativos durante la preparación del expediente.

El anuncio de licitación, por el contrario, sí inicia formalmente el procedimiento. Contiene la información completa y vinculante: plazos, criterios de adjudicación, detalles técnicos, solvencia exigida y todos los elementos necesarios para que las empresas puedan presentar ofertas válidas. Su publicación marca el comienzo del cómputo de plazos y abre la puerta al régimen de recursos.

Otra diferencia decisiva es el carácter obligatorio. Mientras que el anuncio previo es voluntario, el de licitación es indispensable en prácticamente todos los procedimientos con publicidad. Además, mientras que el anuncio previo puede permitir reducir plazos, el anuncio de licitación fija los plazos concretos que deben respetarse sin excepciones.

Ambos documentos forman parte del ciclo contractual, pero cada uno tiene su propio rango, finalidad y efecto jurídico.

La práctica diaria revela que el anuncio previo es un instrumento que genera confusiones recurrentes.

Un error habitual consiste en creer que la publicación del anuncio previo obliga a licitar. No es así. La Administración tiene margen para modificar o cancelar sus previsiones, siempre que existan razones justificadas.

Otro error frecuente es interpretar el contenido del anuncio previo como definitivo. El contrato puede sufrir cambios importantes entre la publicación anticipada y la licitación real: modificaciones presupuestarias, variaciones del objeto o incluso alteraciones sustanciales en los criterios técnicos.

También suele pensarse que la publicación del anuncio previo siempre permite reducir plazos. La jurisprudencia es rotunda: para reducir plazos es necesario cumplir condiciones estrictas. No basta con publicar un documento anticipado; debe cumplir el contenido mínimo y la antelación temporal prevista.

El anuncio previo también se malinterpreta a veces como un anuncio abierto para presentar documentación o manifestaciones de interés. No es así. Salvo en supuestos sectoriales muy específicos, no abre la puerta a presentar nada. Solo informa.

En la práctica aparecen situaciones llamativas: anuncios previos que anticipan lotes futuros, anuncios que anuncian cambios en políticas de contratación, anuncios que delatan estrategias de renovación tecnológica… incluso anuncios que, por su contenido, señalan que se avecina una contratación compleja que requerirá meses de preparación.

Quien sabe leerlos con atención obtiene una ventaja competitiva.

Para los poderes adjudicadores, el anuncio previo es una herramienta de gestión valiosa. Publicarlo con antelación adecuada mejora la planificación, aporta transparencia y puede agilizar procedimientos. Conviene cuidar su contenido y evitar contradicciones posteriores con la licitación final. La coherencia es clave para mantener la confianza del mercado.

Las empresas, por su parte, deberían incorporar la revisión sistemática de anuncios previos dentro de su estrategia de vigilancia del sector público. Es un elemento perfecto para anticipar movimientos y no improvisar en contratos de gran complejidad. También es una oportunidad para decidir si se formarán alianzas o si será necesario reforzar determinados servicios antes de que se abra el procedimiento.

Tanto Administraciones como licitadores deberían ver este instrumento no como una mera formalidad, sino como una herramienta de previsión que permite mejorar la calidad del mercado y la concurrencia.

El anuncio previo de licitación es uno de esos mecanismos que rara vez protagoniza debates públicos, pero que influye silenciosamente en la forma en que funcionan los mercados públicos. La anticipación que otorga beneficia a todos: a la Administración, porque ordena su actividad y permite mejorar la eficiencia; y a las empresas, porque les ofrece tiempo para prepararse, analizar y decidir con menos presión.

Aunque no sea obligatorio en la mayoría de los casos, su valor estratégico y su encaje jurídico lo convierten en un instrumento digno de atención. En un sector donde la anticipación puede marcar la diferencia entre participar o llegar tarde, un anuncio previo bien utilizado se transforma en una ventaja competitiva y en un gesto de transparencia que refuerza la confianza.

En definitiva, no es solo un aviso. Es una herramienta de planificación inteligente. Quien la subestima pierde oportunidades; quien la entiende, las multiplica.