Silencio Administrativo Positivo: Todo lo que Necesitas Saber para Aprovecharlo
El silencio administrativo positivo es una figura legal que protege a los ciudadanos y empresas frente a la falta de respuesta de la Administración Pública. Este principio, regulado principalmente por la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, otorga validez a solicitudes y peticiones cuando la Administración no responde en el plazo legalmente establecido.
En este artículo vamos a profundizar en:
- Definición del silencio administrativo positivo.
- Motivaciones detrás de su existencia.
- Efectos legales y prácticos.
- Resoluciones expresas posteriores.
- Ventajas, desafíos y ejemplos reales.
Nuestro objetivo es ofrecer una visión detallada que ayude tanto a ciudadanos como a empresas a entender y aprovechar este importante recurso jurídico.
¿Qué es el silencio administrativo positivo?
El silencio administrativo positivo es un mecanismo mediante el cual se considera aprobada una solicitud presentada ante la Administración Pública cuando esta no responde en los plazos estipulados.
Se trata de un derecho del ciudadano que persigue varios fines esenciales:
- Garantizar la seguridad jurídica: Evita que la falta de respuesta genere indefensión.
- Promover la eficacia administrativa: Obliga a las administraciones a gestionar los expedientes en tiempo y forma.
- Proteger derechos legítimos: Permite a ciudadanos y empresas continuar con sus actividades sin sufrir demoras injustificadas.
¿Por qué existe el silencio administrativo positivo?
El silencio administrativo positivo tiene un propósito claro: garantizar que las Administraciones no se queden paralizadas y que los ciudadanos no sufran las consecuencias de su inacción. Según el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las entidades públicas tienen la obligación de responder a todas las solicitudes que reciben dentro de un plazo específico. Sin embargo, en la práctica, esto no siempre sucede. La sobrecarga de trabajo, la falta de recursos o incluso la negligencia pueden llevar a que una solicitud quede sin respuesta.
Para suplir esa falta de actuación, se establece que el silencio, en determinados casos, se considere positivo, otorgando a la persona lo que había solicitado. Es una manera de equilibrar la balanza, favoreciendo al interesado y garantizando que no se vea perjudicado por los retrasos de la Administración.
Efectos del silencio administrativo positivo
Cuando se produce el silencio administrativo positivo, no solo se entiende que la solicitud ha sido aprobada, sino que, a todos los efectos, se considera como si la Administración hubiera dictado una resolución favorable. En otras palabras, se crea una «ficción legal» según la cual existe un acto administrativo que concede lo solicitado. Este acto presunto tiene los mismos efectos jurídicos que una resolución expresa.
Por ejemplo, si una empresa solicita una licencia para abrir un negocio y la Administración no responde dentro del plazo legal, el silencio administrativo positivo permitiría a la empresa operar como si ya tuviera la licencia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este «acto presunto» debe cumplir con la normativa aplicable. Si la solicitud no se ajusta a la ley, la Administración podría posteriormente iniciar un procedimiento para anularla.
Silencio administrativo y simplificación administrativa
Con la entrada en vigor de la Ley 25/2009 y el Real Decreto-Ley 8/2011, el silencio administrativo positivo se consolidó como una medida de simplificación administrativa. Estas reformas buscaban agilizar los trámites y facilitar la relación entre los ciudadanos y las Administraciones. Al otorgar efectos positivos al silencio, se presiona a los organismos públicos para que cumplan con su deber de resolver las solicitudes en tiempo y forma, y se protege al solicitante de los perjuicios que podría ocasionar una demora indefinida.
Es importante destacar que no todos los procedimientos administrativos se benefician del silencio positivo. En algunos casos, como los relacionados con la ordenación del territorio y el urbanismo, el silencio sigue teniendo carácter negativo por razones de seguridad jurídica. Esto significa que, si no hay respuesta en el plazo establecido, se entiende que la solicitud ha sido denegada.
Urbanismo y excepciones al silencio positivo
En el ámbito urbanístico, el silencio administrativo tiene matices importantes. Según el artículo 23 del Real Decreto-Ley 8/2011, las solicitudes relacionadas con actos de transformación, construcción, edificación o uso del suelo requieren una autorización expresa. En estos casos, el silencio administrativo es negativo, lo que significa que, si la Administración no responde, se entiende que la solicitud ha sido rechazada.
Sin embargo, existen excepciones interesantes. Por ejemplo, una sentencia del Tribunal Supremo (STS 1717/2020, de 14 de diciembre) estableció que, en ciertos casos, una licencia urbanística puede considerarse otorgada por silencio positivo si cumple con el plan urbanístico en vigor en el momento de la solicitud, incluso si dicho plan es posteriormente anulado. Esta jurisprudencia demuestra cómo el silencio administrativo puede tener implicaciones complejas en la práctica.
Resolución expresa posterior al silencio positivo
Aunque el silencio administrativo positivo genera efectos jurídicos equivalentes a una resolución favorable, la obligación de la Administración de emitir una resolución expresa no desaparece. Según el artículo 24.3.a de la Ley 39/2015, si la Administración decide pronunciarse después de que haya operado el silencio positivo, solo puede hacerlo para confirmar la decisión presunta. Es decir, no puede emitir una resolución posterior que contradiga o desestime la solicitud aprobada por silencio.
Esto tiene una lógica jurídica sólida: una vez que el solicitante ha obtenido un derecho mediante el silencio positivo, este no puede ser revocado arbitrariamente. Si la Administración considera que el acto presunto no es válido, debe seguir el procedimiento legal establecido para revocar un acto administrativo, garantizando siempre el derecho a la defensa del interesado.
Ventajas y desafíos del silencio administrativo positivo
El silencio administrativo positivo tiene numerosas ventajas, tanto para los ciudadanos como para la Administración. Por un lado, fomenta la eficiencia administrativa al presionar a los órganos públicos para que cumplan con los plazos establecidos. Por otro lado, protege los derechos de los solicitantes y les ofrece una vía para obtener una respuesta, incluso cuando la Administración no actúa.
Sin embargo, también plantea ciertos desafíos. Uno de ellos es el riesgo de que solicitudes no conformes a la normativa sean aprobadas por defecto. Aunque la Administración puede actuar posteriormente para corregir estos errores, este proceso puede generar incertidumbre y conflictos legales. Además, la existencia de excepciones al silencio positivo, como en el caso del urbanismo, puede generar confusión entre los ciudadanos.
Somos Especialistas en Derecho Administrativo
El silencio administrativo positivo es una herramienta clave para garantizar la seguridad jurídica y proteger los derechos de los ciudadanos frente a la inacción de la Administración pública. Aunque tiene limitaciones y excepciones, su objetivo principal es claro: evitar que los solicitantes queden atrapados en la incertidumbre y fomentar una mayor eficiencia en la gestión pública.
En un contexto en el que la burocracia puede ser un obstáculo significativo para el desarrollo de actividades económicas y sociales, el silencio administrativo positivo representa un avance importante hacia una Administración más ágil y cercana al ciudadano. No obstante, es esencial comprender las condiciones y los límites de esta figura para evitar malentendidos y problemas legales.
En LIFE Sector Público, entendemos que los trámites administrativos pueden ser complejos y generar incertidumbre, especialmente cuando enfrentamos la falta de respuesta por parte de la Administración. Nuestro equipo de abogados y asesores, especializados en contratación pública y derecho administrativo, está aquí para ofrecerte soluciones claras, seguras y adaptadas a tus necesidades.
Si necesitas ayuda contáctanos AQUÍ para recibir un asesoramiento legal especializado y personalizado.
