Penalizaciones en Contratos Públicos, Evita Sanciones

27 de enero de 2025

En el ámbito de la contratación pública, la ejecución correcta de los contratos administrativos es clave para garantizar la eficiencia y el cumplimiento de los objetivos públicos. Sin embargo, cuando se producen incumplimientos por parte de los contratistas, la Administración tiene la facultad de imponer penalidades económicas que resarzan los perjuicios ocasionados y promuevan el cumplimiento de las obligaciones.

Con la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP), como marco normativo, las penalidades son un mecanismo esencial en la contratación pública en España. En LIFE SECTOR PÚBLICO, somos expertos en contratación administrativa, y estamos aquí para ayudarte a gestionar con éxito cualquier situación relacionada con la imposición de penalidades, protegiendo tus intereses y garantizando el éxito de tus proyectos.

¿Qué son las Penalidades en los Contratos Administrativos?

Las penalizaciones o penalidades en contratos administrativos son sanciones económicas impuestas por la Administración Pública a los contratistas que incumplen las obligaciones establecidas en los contratos. Estas penalidades buscan garantizar que los recursos públicos se utilicen de forma eficiente y que se cumplan los plazos y condiciones pactadas.

Las causas frecuentes de penalizaciones son:

  • Retrasos en la ejecución del contrato.
  • Ejecución defectuosa o incompleta.
  • Incumplimiento total o parcial de las prestaciones acordadas.

Las penalidades no solo resarzan el perjuicio causado, sino que también tienen un efecto disuasorio, incentivando el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Objetivo de las Penalidades

El principal objetivo de las penalidades en los contratos administrativos es doble:

  • Resarcir a la Administración por los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento. La Administración debe garantizar que el dinero público se utilice de manera eficiente, y las penalidades permiten compensar cualquier pérdida económica derivada de incumplimientos contractuales. Al aplicar estas sanciones, se refuerza la idea de que los recursos deben gestionarse con rigor y responsabilidad.
  • Fomentar el cumplimiento estricto de las obligaciones contractuales. Las penalidades actúan como una herramienta preventiva que impulsa a los contratistas a cumplir con sus compromisos en tiempo y forma. El objetivo final es mejorar la calidad y eficiencia en la ejecución de los proyectos, protegiendo el interés público y minimizando riesgos de desviaciones presupuestarias o de cronograma.

Estas penalidades también contribuyen a mantener un equilibrio en las relaciones contractuales, generando confianza entre las partes y estableciendo un marco de disciplina y compromiso mutuo.

Supuestos de Imposición de Penalidades

Existen diversos supuestos en los que la Administración puede imponer penalidades, entre los cuales destacan:

  • Retrasos en la Ejecución: Penalidades diarias basadas en el valor del contrato.
  • Incumplimiento Total o Parcial: Falta de ejecución de todas o algunas prestaciones establecidas.
  • Ejecución Defectuosa: Realización de las prestaciones sin alcanzar los estándares exigidos.

Cada una de estas penalidades debe estar previamente regulada en los pliegos de condiciones administrativas del contrato, especificando cómo se calculan y los procedimientos a seguir.

Cálculo y Límites de las Penalidades

El cálculo de las penalidades está regulado por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP). Dicho cálculo debe ser proporcional al incumplimiento detectado.

Parámetros Principales:

  • Retrasos: 0,60 euros por cada 1.000 euros del presupuesto del contrato, por cada día de retraso.
  • Incumplimiento General: No debe superar el 10% del precio del contrato por incumplimiento.
  • Acumulación: El conjunto de penalidades no puede exceder el 50% del valor total del contrato.

Es fundamental tener en cuenta que cualquier sanción impuesta debe estar debidamente justificada y motivada por la Administración. La proporcionalidad y transparencia son elementos clave en el proceso de cálculo para evitar arbitrariedades.

Procedimiento para la Imposición de Penalidades

El procedimiento debe garantizar los derechos del contratista y seguir una serie de fases claramente definidas para asegurar la legalidad del proceso. A continuación, se detalla cada fase:

  • Detección del Incumplimiento: La Administración debe identificar y documentar minuciosamente el incumplimiento. Se recomienda elaborar informes técnicos que evidencien de forma objetiva las irregularidades detectadas.
  • Notificación al Contratista: Se envía una comunicación oficial al contratista informando sobre el incumplimiento y otorgándole un plazo para presentar alegaciones. En esta fase es fundamental contar con asesoramiento legal para formular una defensa adecuada.
  • Resolución Motivada: Tras analizar las alegaciones, la Administración emite una resolución justificada, detallando las razones por las cuales se impone la penalidad. La resolución debe incluir los cálculos precisos de la penalidad y su base legal.
  • Ejecución de la Penalidad: La penalidad puede ejecutarse mediante deducciones en los pagos pendientes al contratista o a través de reclamaciones de pago. En algunos casos, se pueden aplicar recursos administrativos o contencioso-administrativos para impugnar la sanción.

La Carga de la Prueba en las Penalidades

En materia probatoria, no se aplica el principio de presunción de inocencia del Derecho Administrativo Sancionador. En cambio, se sigue el principio de carga de la prueba propio de las relaciones obligacionales. La Administración debe probar el incumplimiento del contratista, y este último debe probar la concurrencia de causas de exoneración de su responsabilidad.

Proporcionalidad de las Penalidades

La proporcionalidad de las penalidades en contratos públicos es un principio fundamental que asegura que las sanciones impuestas sean adecuadas a la gravedad del incumplimiento. Este principio está recogido en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), que establece límites y condiciones para la imposición de penalidades.

La LCSP establece que las penalidades deben ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y no pueden exceder ciertos límites. Por ejemplo, el artículo 192 de la LCSP dispone que las penalidades por cumplimiento defectuoso no pueden ser superiores al 10% del precio del contrato, y el total de las mismas no puede superar el 50% del precio del contrato. 

Asimismo, el artículo 264 de la LCSP regula las penalidades en contratos de concesión, estableciendo que las penalidades económicas deben ser proporcionales al tipo de incumplimiento y a la importancia económica de la explotación, con un límite máximo del 10% del presupuesto total de la obra durante su fase de construcción.

Estos ejemplos y disposiciones legales demuestran cómo se aplica el principio de proporcionalidad en la imposición de penalidades en contratos públicos, asegurando que las sanciones sean justas y adecuadas a la gravedad del incumplimiento.

Tomando como ejemplo algunas resoluciones, podemos ver el alcance de la proporcionalidad:

  • Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Octava, de 23 de junio de 2023: En este caso, la empresa «Autopista de La Mancha, Concesionaria Española, S.A.» impugnó una penalidad impuesta por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por un supuesto incumplimiento grave. La Audiencia Nacional determinó que la Administración no había demostrado adecuadamente que la retención de tráfico se debiera a las obras de la concesionaria, anulando así la penalidad impuesta.
  • Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Salamanca, de 13 de diciembre de 2022: El Ayuntamiento de Terradillos impuso penalidades a la empresa «Construcciones y Excavaciones Entresierras, S.L.» por incumplimientos en la ejecución de un contrato. El tribunal anuló la resolución del Ayuntamiento, destacando que la Administración no había probado adecuadamente los daños y perjuicios causados, subrayando la importancia de la proporcionalidad y la carga de la prueba.
  • Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 23 de julio de 2020: La empresa «Autopista de La Mancha, Concesionaria Española, S.A.» fue sancionada con una penalidad grave por incumplimiento de los valores umbrales de un indicador de calidad del servicio. La Audiencia Nacional concluyó que la Administración no había realizado las comprobaciones necesarias para demostrar el incumplimiento, anulando la penalidad impuesta.

Somos expertos en Derecho Administrativo

Las penalizaciones en contratos administrativos son herramientas necesarias para garantizar la eficiencia en la contratación pública. Sin embargo, un mal manejo o desconocimiento de los procedimientos puede acarrear sanciones desproporcionadas que afectan gravemente el desarrollo de los proyectos.

Contar con el respaldo de profesionales especializados como LIFE Sector Público permite afrontar con seguridad cualquier situación relacionada con penalidades contractuales. Nuestra experiencia nos permite anticipar posibles riesgos, defender tus intereses y asegurar que cualquier sanción impuesta sea acorde a la normativa.

No dejes que una penalización ponga en riesgo tus contratos. Contacta con LIFE Sector Público y asegura el cumplimiento de tus proyectos con la confianza de estar respaldado por un equipo que prioriza la transparencia, la eficacia y el éxito de tus objetivos.

Si necesitas ayuda contáctanos AQUÍ para recibir un asesoramiento legal especializado y personalizado.

Contacta con Nosotros
Abrir chat
Hola ????
¿En qué podemos ayudarte?