Recibir una sanción, ver denegada una licencia o comprobar que la Administración no paga lo que debe son situaciones que generan resignación entre los afectados. La sensación de que enfrentarse al Estado es una batalla perdida de antemano lleva a muchos ciudadanos y empresas a asumir resoluciones administrativas que, con el asesoramiento adecuado, podrían haberse impugnado con éxito. Precisamente por ello, el ordenamiento jurídico español tiene un mecanismo específico para garantizar que los actos de la Administración puedan ser revisados y, si procede, anulados. Es la denominada jurisdicción contencioso-administrativa, y su función consiste en actuar como contrapeso cuando el poder público se excede, se equivoca o actúa sin la motivación suficiente. En estos casos, contar con un abogado contencioso administrativo especializado desde el primer momento es una ventaja procesal, que permite mantener un derecho y defenderlo con todas las garantías. La vía contencioso-administrativa se abre cuando un ciudadano o una empresa agota la vía administrativa previa, es decir, cuando ya ha presentado los recursos disponibles y la Administración los ha desestimado o no ha respondido, y decide llevar el conflicto ante un juez. Este es un instrumento al alcance de cualquiera que haya recibido un acto administrativo que considere injusto, desproporcionado o contrario a derecho. No está reservado solo para grandes empresas o casos llamativos. De hecho, desde una multa de tráfico hasta la resolución de un contrato público, el abanico de situaciones que pueden llegar a esta jurisdicción es amplio. En caso de éxito, la Administración también puede ser condenada a pagar después de reclamar una indemnización cuando un acto u omisión del Estado causa un daño que el ciudadano no tiene obligación de soportar. De esto saben, y mucho, en Life Sector Público, despacho especializado en derecho administrativo, con presencia en las principales ciudades españolas y más de 25 años de experiencia.