Impuesto sobre Sociedades en asociaciones

Una de las frases más repetidas en el Tercer Sector es también una de las más peligrosas: «Nuestra asociación no tiene beneficios, así que no presenta Impuesto sobre Sociedades». La afirmación parece lógica, pero fiscalmente puede ser incorrecta.

Las asociaciones y fundaciones no funcionan como las sociedades mercantiles: su finalidad no es repartir beneficios. Sin embargo, eso no significa que queden fuera del sistema tributario. El Impuesto sobre Sociedades no afecta solo a las empresas tradicionales; también puede alcanzar a las entidades sin ánimo de lucro, con matices, exenciones y regímenes específicos.

El riesgo aparece cuando se confunden tres ideas distintas pero relacionadas: no tener ánimo de lucro, no obtener beneficio y no tener obligación fiscal. No son equivalentes. De hecho, la Agencia Tributaria incluye entre las entidades parcialmente exentas a las entidades e instituciones sin ánimo de lucro que no reúnen los requisitos para aplicar el régimen fiscal de la Ley 49/2002. Por eso, antes de cerrar cuentas, conviene revisar una cuestión esencial: qué rentas ha obtenido la entidad y qué régimen fiscal le resulta aplicable.

El Impuesto sobre Sociedades grava la renta de las entidades jurídicas. Una asociación o fundación puede estar sujeta al impuesto aunque su finalidad sea social, cultural, educativa, asistencial, deportiva o de cooperación. La clave no está solo en la finalidad, sino en la renta obtenida y en el régimen fiscal aplicable.

Conviene distinguir dos situaciones. Por un lado, las entidades acogidas al régimen fiscal especial de la Ley 49/2002. Por otro, las entidades parcialmente exentas, que no cumplen los requisitos de ese régimen o no han optado por él.

La Ley 49/2002 regula el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Su artículo 7 recoge determinadas explotaciones económicas exentas, siempre que se desarrollen en cumplimiento del objeto o finalidad específica de la entidad. Pero la existencia de exenciones no equivale a la inexistencia de obligaciones: una misma entidad puede tener rentas exentas y rentas no exentas, y puede tener que declarar aunque su resultado económico sea reducido.

Por eso, la pregunta no debería ser «¿somos una entidad sin ánimo de lucro?». La pregunta correcta es: «¿qué ingresos hemos tenido y cómo deben calificarse fiscalmente?».

La distinción entre rentas exentas y no exentas es uno de los puntos más importantes del cierre fiscal. Una renta exenta puede quedar fuera de tributación por cumplir determinados requisitos legales; una renta no exenta se integra en la base imponible.

En el mundo asociativo esta distinción no siempre se documenta bien. Cuotas, donativos, ingresos por talleres, ventas de productos, subvenciones, patrocinios y prestaciones de servicios suelen mezclarse en una única cuenta bancaria. Todo aparece junto y todo parece actividad de la asociación. Pero Hacienda no analiza solo la cuenta bancaria: analiza la naturaleza de cada ingreso.

No es lo mismo una cuota ordinaria de socios que el precio de un servicio concreto. No es lo mismo un donativo puro que una contraprestación publicitaria. No es lo mismo una subvención finalista que un ingreso derivado de una actividad económica. Esta clasificación tiene impacto directo en el Impuesto sobre Sociedades y también en la memoria económica. Si las cuentas se aprueban sin separar adecuadamente las fuentes de ingresos, la entidad puede consolidar un error difícil de corregir después.

Muchas asociaciones no están acogidas al régimen fiscal especial de la Ley 49/2002. En ese caso suelen encontrarse dentro del régimen de entidades parcialmente exentas, regulado en la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

La expresión «parcialmente exenta» genera una falsa sensación de seguridad. Algunas entidades interpretan que todo está exento, pero la palabra importante es «parcialmente»: hay rentas que pueden quedar exentas y otras que no, y algunas actividades pueden tener naturaleza económica aunque se realicen dentro de una entidad sin ánimo de lucro.

La consecuencia práctica es clara: una asociación debe revisar sus ingresos con criterio fiscal antes de decidir si presenta o no el impuesto. El error no siempre consiste en tributar mal; a veces consiste en no presentar una declaración obligatoria, lo que puede generar sanciones, recargos o requerimientos. La prevención es más barata que la regularización.

Es la duda que más se repite, y no debe responderse de forma automática. Como regla general, las entidades parcialmente exentas están obligadas a declarar la totalidad de sus rentas, exentas y no exentas.

Existe, no obstante, una excepción. Según el artículo 124.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, una entidad parcialmente exenta no tiene obligación de presentar la declaración solo cuando cumple, de forma simultánea, estos tres requisitos:

1. Que sus ingresos totales no superen 75.000 euros anuales.
2. Que los ingresos correspondientes a rentas no exentas no superen 2.000 euros anuales.
3. Que todas las rentas no exentas que obtenga estén sometidas a retención.

Si falla aunque sea uno de los tres requisitos, la entidad debe presentar la declaración, incluso si su resultado es cero o negativo. Por eso el beneficio contable no es el único criterio relevante: una asociación puede cerrar el ejercicio sin excedente y, aun así, estar obligada a declarar.

A esto se suma que el resultado contable y el resultado fiscal no siempre coinciden. Algunos ingresos pueden estar exentos, algunos gastos pueden no ser fiscalmente deducibles y algunas rentas pueden requerir ajustes. La idea de que «si no hay beneficios no hay impuesto» simplifica demasiado.

Antes de decidir, conviene revisar qué régimen fiscal tiene la entidad, qué ingresos ha obtenido, qué gastos están vinculados a rentas exentas o no exentas, qué actividades pueden considerarse económicas y qué documentación acredita cada operación. Solo entonces puede tomarse una decisión razonada.

Las subvenciones plantean una dificultad especial. Muchas entidades reciben ayudas públicas para ejecutar proyectos sociales que financian personal, alquileres, materiales, actividades, comunicación o gastos indirectos. Desde el punto de vista contable debe analizarse el criterio de imputación; desde el punto de vista fiscal debe valorarse su naturaleza y su vinculación con actividades exentas o no exentas.

El Real Decreto 1491/2011 aprobó las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, de aplicación obligatoria para las fundaciones de competencia estatal y las asociaciones declaradas de utilidad pública. En la práctica, una subvención mal imputada puede alterar el resultado del ejercicio y afectar a la declaración fiscal. El problema no está solo en el ingreso, sino en su relación con los gastos financiados y con el proyecto ejecutado.

Por eso, al preparar el Impuesto sobre Sociedades no basta con mirar la cuenta de pérdidas y ganancias: hay que revisar expedientes de subvención, resoluciones de concesión, justificaciones, pagos, gastos imputados y periodificación. La subvención debe poder seguirse desde la resolución de concesión hasta la memoria económica.

La actividad económica es uno de los conceptos que más dudas genera. Una asociación puede realizar actividades propias de su objeto social y, al mismo tiempo, desarrollar operaciones que fiscalmente se consideran económicas: cursos, venta de publicaciones, prestación de servicios, gestión de eventos o cobro por actividades abiertas a terceros. Aunque los ingresos se destinen a fines sociales, puede existir actividad económica.

Esto no significa que la entidad actúe mal, sino que debe contabilizar y declarar correctamente. El error aparece cuando se oculta la realidad bajo etiquetas imprecisas. Llamar «donativo» a lo que en realidad es el precio de una entrada no cambia su naturaleza; llamar «colaboración» a una contraprestación publicitaria tampoco elimina el análisis fiscal. La contabilidad debe reflejar la sustancia de la operación. De lo contrario, el riesgo no afecta solo al Impuesto sobre Sociedades: también puede alcanzar al IVA, a las retenciones o a la justificación de subvenciones.

Mayo es un momento especialmente adecuado para esta revisión. Antes de aprobar las cuentas todavía es posible corregir clasificaciones, completar la memoria económica, preparar la asamblea y evitar acuerdos basados en información incompleta. Conviene recordar que, en las entidades cuyo ejercicio coincide con el año natural, la declaración del Impuesto sobre Sociedades se presenta dentro de los 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores al cierre, es decir, habitualmente entre el 1 y el 25 de julio. Llegar a esa fecha con las cuentas ya revisadas reduce el margen de error.

Puede tener que presentarlo, según su régimen fiscal, sus ingresos y la existencia de rentas no exentas. La ausencia de ánimo de lucro no elimina por sí sola las obligaciones fiscales, por lo que lo prudente es revisar cada ejercicio antes del cierre.

Una entidad parcialmente exenta no está obligada a declarar solo si cumple a la vez tres requisitos: ingresos totales que no superen 75.000 euros anuales, ingresos por rentas no exentas que no superen 2.000 euros anuales y que todas las rentas no exentas estén sometidas a retención. Si incumple uno solo de ellos, debe presentar la declaración.

Puede recibir requerimientos, sanciones o recargos. Además, la falta de presentación afecta a la imagen de cumplimiento de la entidad ante financiadores, administraciones públicas y órganos internos. El problema se agrava si se arrastra durante varios ejercicios.

No. El resultado contable y el resultado fiscal pueden diferir, y la obligación de declarar depende del régimen aplicable y del tipo de rentas obtenidas, no solo de si existe excedente.

El Impuesto sobre Sociedades en asociaciones no se resuelve con una frase, sino con análisis. La entidad debe revisar su régimen fiscal, separar las rentas exentas de las no exentas, identificar las actividades económicas, analizar las subvenciones y documentar adecuadamente sus cuentas. Hacerlo antes de aprobar las cuentas permite corregir a tiempo y tomar decisiones con seguridad jurídica.

En Life Sector Público ayudamos a asociaciones y fundaciones a revisar su cierre fiscal, preparar el Impuesto sobre Sociedades y aprobar cuentas con seguridad jurídica. Somos especialistas en gestión, asesoramiento legal y gestoría para el Tercer Sector.

Escríbenos a info@lifesectorpublico.com o llámanos al 679 092 414.

• Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, régimen de entidades parcialmente exentas y obligación de declarar del artículo 124.3.
• Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, artículo 7, explotaciones económicas exentas.
• Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos.