Contratación pública estratégica
Contratación pública estratégica: cómo integrar criterios sociales, ambientales y de innovación en los contratos públicos.
La contratación pública ha dejado de ser una mera herramienta de gestión administrativa para convertirse en un instrumento clave en la implementación de políticas públicas. La llamada contratación pública estratégica (CPE) busca maximizar el impacto de los fondos públicos orientándolos hacia la sostenibilidad ambiental, la cohesión social y el impulso a la innovación. Este enfoque está respaldado por el marco normativo nacional y europeo, y se consolida como una prioridad en la acción pública de los próximos años. En este artículo abordamos cómo se articula legalmente, qué herramientas permite y cómo puede implantarse de forma efectiva y segura desde el punto de vista jurídico.
La contratación pública en España gestiona alrededor del 20% del PIB, convirtiéndose no solo en una herramienta de gestión administrativa, sino también en un potente instrumento para implementar políticas públicas con impacto. La llamada contratación pública estratégica (CPE) representa un cambio de paradigma: se trata de utilizar los contratos públicos no únicamente para adquirir bienes y servicios, sino para generar valor público más allá de la eficiencia económica, promoviendo objetivos sociales, medioambientales y de innovación.
Este enfoque se alinea con el marco jurídico de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP), así como con las directivas comunitarias en la materia, y se ha convertido en una línea prioritaria para las administraciones públicas, tal como establece la Estrategia Nacional de Contratación Pública 2023–2026. En este artículo se analiza en profundidad el marco legal, los mecanismos operativos y los retos que plantea su aplicación, desde una perspectiva práctica y jurídica.
Fundamentos jurídicos de la contratación pública estratégica en España
La base jurídica de la CPE en España se encuentra principalmente en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que traspone las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE del Parlamento Europeo. El artículo 1.3 LCSP establece expresamente que la contratación pública debe utilizarse estratégicamente para fomentar una mayor eficiencia, sostenibilidad y responsabilidad social.
Además, los artículos 145 y 202 LCSP permiten introducir criterios de adjudicación y condiciones especiales de ejecución que atiendan a aspectos sociales, éticos o ambientales, siempre que estén relacionados con el objeto del contrato y no infrinjan los principios de igualdad y no discriminación.
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y los criterios de las Juntas Consultivas de Contratación Administrativa también han consolidado la interpretación conforme al principio de legalidad de la incorporación de estos objetivos estratégicos.
Objetivos que persigue la contratación estratégica en el sector público
Los contratos públicos estratégicos pueden contribuir a:
- Impulsar la cohesión social: mediante la inclusión de personas con discapacidad, el fomento del empleo local, o la igualdad de género.
- Proteger el medio ambiente: exigiendo bienes reciclables, reducción de emisiones o consumo energético eficiente.
- Promover la innovación: fomentando soluciones tecnológicas disruptivas o desarrollos piloto mediante asociaciones innovadoras.
- Mejorar la calidad del empleo: a través de la valoración de condiciones laborales justas y seguras.
Cada uno de estos objetivos puede concretarse en pliegos contractuales y tiene su justificación en la normativa estatal y europea, con el aval de múltiples resoluciones del TACRC, como por ejemplo la resolución 830/2021, sobre cláusulas medioambientales en contratos de suministro energético.
Condiciones especiales de ejecución y criterios de adjudicación estratégicos
Los criterios de adjudicación estratégicos deben valorarse con puntuación y estar directamente vinculados al objeto del contrato (art. 145.5 LCSP). Ejemplos válidos son la generación de empleo para colectivos vulnerables o el uso de materiales reciclables en una obra.
Las condiciones especiales de ejecución (art. 202 LCSP), por su parte, pueden establecer obligaciones como la subcontratación con entidades sociales o la reducción de residuos durante la ejecución del contrato. Estas condiciones no se puntúan, pero su cumplimiento es obligatorio.
Es imprescindible justificar técnica y jurídicamente en el expediente la conexión entre el criterio o condición y el objeto contractual, así como su proporcionalidad y trazabilidad, como ha señalado la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado en su informe 18/2020.
Procedimientos contractuales más adecuados para introducir estrategias públicas
La licitación con negociación (art. 167 LCSP) y el diálogo competitivo (art. 172 LCSP) permiten mayor interacción con el mercado y flexibilidad para construir soluciones a medida con impacto estratégico.
Asimismo, la asociación para la innovación (art. 177 LCSP) es especialmente útil en sectores con alta carga tecnológica o donde no existe un producto o servicio definido en el mercado, como en proyectos piloto de economía circular o transición energética.
Estos procedimientos deben justificarse adecuadamente en el expediente y se recomienda acompañarlos de un estudio de mercado previo.
Aplicación práctica: ejemplos reales y resoluciones relevantes
Entre las experiencias destacadas en España, encontramos:
- El Ayuntamiento de Barcelona, que exige en contratos de obras criterios de reducción de emisiones y planes de movilidad sostenible.
- La Junta de Andalucía, que promueve la contratación de empresas de inserción social mediante reservas de mercado (art. 77 LCSP).
- La resolución 1369/2024 del TACRC, que abordó la presunta falta de justificación de una oferta con descuentos superiores a los ofrecidos por los medios de comunicación, recordando la necesidad de fundamentar adecuadamente cualquier ventaja ofertada en base a criterios estratégicos.
Estos casos reflejan cómo la CPE puede implementarse de forma eficaz y legalmente válida.
Cómo justificar adecuadamente los criterios estratégicos en los pliegos
Los pliegos deben contener una memoria justificativa detallada que fundamente:
- La necesidad del criterio o condición estratégica.
- Su conexión con el objeto del contrato.
- La trazabilidad de su cumplimiento.
- La medición del resultado en fase de ejecución.
Documentos como las guías de contratación pública estratégica del Ministerio de Hacienda o los informes de la OIReScon pueden servir como referencia técnica para construir dicha justificación.
Supervisión y control de la contratación estratégica: indicadores e impacto
Para garantizar el impacto real de los contratos estratégicos, deben establecerse:
- Indicadores de cumplimiento (número de empleos creados, porcentaje de emisiones reducidas, etc.).
- Informes de seguimiento en fase de ejecución contractual.
- Auditorías y mecanismos de control por parte de las unidades de contratación.
Estas herramientas permiten verificar que los beneficios estratégicos realmente se materializan, conforme a lo estipulado en los pliegos y las condiciones del contrato.
Retos y oportunidades de la contratación estratégica en 2025 y siguientes
Entre los retos actuales destacan:
- La necesidad de formación técnica y jurídica del personal de contratación.
- La resistencia al cambio en estructuras administrativas tradicionales.
- La falta de indicadores comunes para evaluar el impacto estratégico.
Sin embargo, también existen oportunidades claras:
- El respaldo normativo y político tanto a nivel nacional como europeo.
- La digitalización de la contratación pública, que facilita la trazabilidad.
- La creciente concienciación ciudadana sobre el uso responsable de los fondos públicos.
El futuro de la contratación pasa por convertir cada licitación en una palanca de cambio, sin comprometer la seguridad jurídica ni la transparencia.
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