Cómo liquidar un contrato de prestación de servicios en la contratación pública
Cómo liquidar un contrato de prestación de servicios en la contratación pública: procedimiento y claves legales
La liquidación de un contrato de prestación de servicios en el ámbito de la contratación pública es una fase esencial para cerrar correctamente la relación contractual entre la administración y el contratista. Este procedimiento garantiza que ambas partes cumplan con sus obligaciones finales, ajustando pagos, certificando la correcta ejecución del contrato y dejando constancia documental del cierre del expediente.
Aunque la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP) no regula de forma expresa un procedimiento general de liquidación como ocurre en los contratos de obras, la práctica administrativa y la doctrina han consolidado una serie de actuaciones necesarias para formalizar esta fase en los contratos de servicios.
Este artículo analiza en detalle cómo debe llevarse a cabo la liquidación de un contrato público de servicios, qué normativa es aplicable, qué documentación es necesaria y qué aspectos deben tener en cuenta tanto las administraciones como los contratistas.
Concepto de liquidación en contratos públicos de servicios
La liquidación de un contrato de servicios consiste en el conjunto de actuaciones administrativas destinadas a verificar que:
- El contratista ha cumplido con todas las prestaciones pactadas.
- La administración ha abonado correctamente los importes debidos, incluyendo ajustes finales.
- Se han aplicado, en su caso, penalidades, revisiones de precios u otras modificaciones contractuales.
- Se deja constancia formal del cierre económico y técnico del contrato.
Aunque en los contratos de servicios no existe una liquidación formal obligatoria como en las obras, la mayoría de pliegos y la buena práctica administrativa exigen un acto de cierre que garantice la correcta finalización del contrato.
Normativa aplicable a la liquidación de contratos de servicios
La LCSP regula de forma general la finalización de los contratos en los artículos 208 a 211, relativos a la extinción de los contratos y sus efectos. Además, son de aplicación:
- Las condiciones particulares establecidas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).
- Las instrucciones internas de contratación de cada administración.
- La jurisprudencia y doctrina de los órganos consultivos.
El Tribunal de Cuentas ha señalado en diversos informes que la liquidación, aunque no siempre formalizada en los contratos de servicios, es esencial para garantizar el control del gasto público y evitar irregularidades.
Obligaciones del contratista y de la administración en la fase de liquidación
Ambas partes tienen obligaciones específicas al llegar a la finalización del contrato:
Obligaciones del contratista:
- Presentar los certificados de prestación o actas de conformidad de los servicios realizados.
- Emitir la factura final, incluyendo cualquier ajuste pendiente.
- Devolver, si procede, garantías constituidas.
Obligaciones de la administración:
- Verificar la correcta ejecución de las prestaciones.
- Aplicar penalidades o compensaciones si corresponde.
- Autorizar el pago final.
- Documentar el cierre del expediente administrativo.
En caso de contratos prorrogables, la liquidación no se realizará hasta la finalización de la última prórroga efectiva.
Procedimiento para liquidar un contrato de prestación de servicios
El proceso habitual para la liquidación de estos contratos sigue las siguientes fases:
- Comunicación de finalización: El órgano de contratación notifica la conclusión del plazo contractual.
- Certificación del cumplimiento: El responsable del contrato emite informe o acta de conformidad.
- Presentación de la factura final: El contratista entrega la factura correspondiente al último período o a la totalidad si es un contrato de prestación única.
- Revisión de incidencias: Se comprueba si existen penalidades, revisiones de precios u otros ajustes.
- Autorización del pago: Se aprueba la liquidación económica final.
- Devolución de garantía: Una vez confirmada la correcta ejecución y transcurridos los plazos legales.
- Archivo del expediente: Con toda la documentación que acredite la correcta finalización.
Documentación necesaria para la liquidación
Entre los documentos habituales que forman parte de la liquidación encontramos:
- Informe del responsable del contrato.
- Acta de conformidad o recepción de los servicios.
- Factura final emitida por el contratista.
- Resolución o acuerdo de liquidación (si así lo prevén los pliegos).
- Justificante de devolución de garantía.
- Notificación al contratista del cierre del contrato.
Es recomendable que las administraciones incorporen modelos normalizados para facilitar la tramitación de esta fase.
Plazos y efectos jurídicos de la liquidación
No existe un plazo uniforme en la LCSP para la liquidación de contratos de servicios, pero deben respetarse los principios de:
- Celeridad en la tramitación.
- Cumplimiento de los plazos de pago establecidos en la Ley 3/2004, de lucha contra la morosidad.
- Aplicación de los plazos de garantía si proceden.
La liquidación supone la extinción definitiva de las obligaciones contractuales, salvo que existan responsabilidades posteriores derivadas de defectos ocultos o incumplimientos detectados con posterioridad.
Incidencias habituales en la liquidación de contratos públicos
Algunos problemas frecuentes en la fase de liquidación son:
- Retrasos en la emisión de informes por parte de la administración.
- Discrepancias sobre la correcta ejecución de los servicios.
- Aplicación de penalidades por incumplimientos parciales.
- Reclamaciones del contratista por pagos pendientes o revisiones de precios no aplicadas.
- Problemas en la devolución de garantías.
El Tribunal de Cuentas ha advertido en sus informes sobre la necesidad de mejorar los procedimientos de cierre contractual para evitar la acumulación de expedientes sin liquidar.
Conclusión y recomendaciones
La correcta liquidación de un contrato de prestación de servicios en el sector público es fundamental para garantizar la seguridad jurídica de ambas partes, el control del gasto público y la correcta gestión administrativa.
Es recomendable que los órganos de contratación:
- Regulen en sus pliegos el procedimiento de liquidación.
- Designen responsables contractuales que velen por el cumplimiento de esta fase.
- Eviten demoras indebidas que puedan generar conflictos o responsabilidades.
Por su parte, los contratistas deben:
- Estar atentos a los plazos y obligaciones documentales.
- Presentar correctamente la factura final y cualquier documentación exigida.
- Solicitar formalmente la devolución de garantías una vez cumplidas las condiciones.
Una adecuada gestión de la liquidación refuerza la transparencia y eficiencia en la contratación pública.
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