Analizamos el Principio de Proporcionalidad en Derecho Administrativo

17 de enero de 2025

El principio de proporcionalidad se presenta como un elemento indispensable en el derecho administrativo español, tanto en su vertiente sancionadora como en otras áreas de aplicación administrativa. Este principio actúa como garante de la justicia y equidad en las actuaciones de la Administración, buscando equilibrar los intereses públicos con los derechos individuales de los ciudadanos. A través de este artículo, profundizaremos en su fundamento normativo, interpretación jurisprudencial y criterios de aplicación, abordando además ejemplos específicos para ilustrar su operatividad.

¿Qué es el Principio de Proporcionalidad?

El principio de proporcionalidad es una garantía esencial en el derecho administrativo, orientada a asegurar que las decisiones y medidas adoptadas por la Administración sean razonables, justificadas y equilibradas. Este principio encuentra su aplicación no solo en el derecho sancionador, sino también en la ejecución de actos administrativos y en la regulación normativa.

Los tres criterios que articulan el principio son:

  • Idoneidad: La medida debe ser adecuada para alcanzar el objetivo previsto.
  • Necesidad: Debe ser la opción menos restrictiva o lesiva entre las disponibles.
  • Proporcionalidad en sentido estricto: Los beneficios obtenidos deben superar los posibles perjuicios derivados de la medida.

Este principio constituye una herramienta clave para evitar abusos de poder y garantizar que la Administración actúe dentro de los límites de la legalidad y la equidad.

Fundamento Legal del Principio de Proporcionalidad

El principio de proporcionalidad está consagrado en el artículo 25.1 de la Constitución Española, que establece que «nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento». Este principio se desarrolla en el artículo 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), que establece que las sanciones administrativas deben ser adecuadas a la gravedad de la infracción cometida .

Aplicación del Principio de Proporcionalidad en el Derecho Administrativo Sancionador

En el ámbito sancionador, la proporcionalidad exige que las sanciones sean acordes a la gravedad de la infracción. Esto implica que no solo se evalúe la conducta infractora, sino también las circunstancias concurrentes, como la intencionalidad, el daño causado y la reincidencia. Este enfoque permite una aplicación más matizada y justa del poder sancionador.

En la ejecución de actos administrativos, el principio de proporcionalidad actúa como límite para evitar que las medidas coercitivas resulten desproporcionadas respecto al objetivo perseguido. Por ejemplo, en el caso de una deuda administrativa, las medidas para su cobro deben respetar los derechos del deudor y evitar generar un perjuicio excesivo.

Criterios para la Graduación de las Sanciones

El artículo 29 de la LRJSP establece una serie de criterios que facilitan la graduación de las sanciones administrativas. Estos criterios incluyen:

  • Grado de culpabilidad o existencia de intencionalidad: Se debe evaluar si la infracción se cometió con dolo o negligencia.
  • Continuidad o persistencia en la conducta infractora: Se considera si la conducta infractora se ha mantenido en el tiempo.
  • Naturaleza de los perjuicios causados: Se debe valorar el daño causado por la infracción.
  • Reincidencia: Se tiene en cuenta si el infractor ha cometido más de una infracción de la misma naturaleza en el término de un año, siempre que haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.

Jurisprudencia sobre el Principio de Proporcionalidad

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reiterado la importancia del principio de proporcionalidad en el derecho administrativo sancionador. En la Sentencia del Tribunal Supremo n.º 67/2020, de 10 de octubre, se establece que «el principio de proporcionalidad, como muchos otros inspiradores del Ordenamiento Penal, son de aplicación, con ciertos matices, al derecho administrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado».

Proporcionalidad en la Ejecución Forzosa del Acto Administrativo

El principio de proporcionalidad también se aplica en la ejecución forzosa de los actos administrativos. Según el artículo 29 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), las sanciones administrativas no podrán implicar privación de libertad en ningún caso, ni directa ni subsidiariamente. La imposición de sanciones debe observar la debida idoneidad y adecuarse a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción.

Ejemplos Prácticos de Aplicación del Principio de Proporcionalidad

Para ilustrar la aplicación del principio de proporcionalidad, se pueden considerar los siguientes ejemplos:

  • Caso de una infracción leve: Un funcionario que llega tarde al trabajo de manera ocasional podría recibir una amonestación verbal o escrita, en lugar de una sanción más severa como la suspensión de empleo y sueldo.
  • Caso de una infracción grave: Un funcionario que comete un acto de discriminación en el lugar de trabajo podría ser sancionado con una suspensión de empleo y sueldo, en lugar de una simple amonestación, debido a la gravedad de la infracción y el perjuicio causado.

Conclusión

El principio de proporcionalidad es un elemento central en el derecho administrativo, cuyo alcance y aplicación trascienden las fronteras del derecho sancionador para abarcar otros ámbitos esenciales de la Administración Pública. Este principio no solo garantiza que las sanciones y medidas adoptadas sean justas y equilibradas, sino también protege a los ciudadanos frente a posibles abusos de poder. A través de su fundamento legal, criterios claros y una interpretación coherente por parte de la jurisprudencia, la proporcionalidad se erige como una herramienta indispensable para mantener el equilibrio entre los intereses públicos y los derechos individuales.

En este artículo hemos explorado tanto los pilares teóricos como las aplicaciones prácticas del principio, reforzándolos con ejemplos concretos que ilustran su importancia. Este análisis no solo subraya la relevancia del principio en la administración contemporánea, sino que también destaca su impacto positivo en la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones públicas. El compromiso de aplicar la proporcionalidad con rigor y transparencia fortalece la legitimidad de las decisiones administrativas y asegura una gestión más justa y efectiva de los recursos y competencias del Estado.

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