Actos Nulos

30 de enero de 2025

La nulidad de los actos administrativos es un concepto fundamental en el derecho administrativo español. Se refiere a aquellos actos que, debido a vicios graves en su formación o contenido, carecen de validez desde su origen. Este artículo tiene como objetivo proporcionar una visión detallada sobre la nulidad de los actos administrativos, explicando qué es, cuándo se da, qué hacer si eres un perjudicado. Para ello, se estructurará en ocho apartados principales.

Concepto de Nulidad de los Actos Administrativos

Un acto administrativo nulo es aquel que carece de validez jurídica desde su origen debido a vicios graves en su contenido, emisor o procedimiento. Estos actos no generan derechos ni obligaciones y pueden ser declarados nulos en cualquier momento, a diferencia de los actos anulables, que sólo pueden impugnarse dentro de un plazo determinado.

Características principales:

  • Retroactividad (ex tunc): Los efectos del acto se consideran inexistentes desde el momento de su emisión.
  • No subsanabilidad: Los defectos que originan la nulidad no pueden ser corregidos.
  • Restricción legal: La declaración de nulidad solo procede en los supuestos expresamente previstos por la ley.
  • Aplicación universal: Afecta a todas las partes implicadas y a terceros relacionados con el acto.

Causas de Nulidad de los Actos Administrativos

Las causas de nulidad de pleno derecho de los actos administrativos están previstas en el artículo 47 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC). Según este artículo, los actos administrativos serán nulos de pleno derecho cuando:

  • Lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. Por ejemplo: Denegación arbitraria de un recurso que afecta a la libertad de expresión. En este caso, si un ciudadano solicita una autorización para realizar una manifestación pública y esta se deniega sin una motivación adecuada, el acto podrá ser declarado nulo. La revisión judicial implicaría no solo la anulación del acto, sino también la reparación del daño causado por la vulneración de derechos fundamentales.
  • Se dicten por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. Por ejemplo, un concejal emitiendo resoluciones sobre seguridad nacional. Este acto será nulo porque las competencias en esta materia recaen exclusivamente en el Gobierno central. La declaración de nulidad podrá ir acompañada de una evaluación de posibles responsabilidades disciplinarias para el funcionario que actuó fuera de su ámbito de atribuciones.
  • Tengan un contenido imposible. Por ejemplo, autorización para actividades que violan normas penales, como permitir la explotación de un terreno para actividades ilegales. La nulidad de este acto también implicará la obligación de restaurar el estado previo del terreno y garantizar que no se derive ningún beneficio económico del acto ilegal.
  • Sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta. 
  • Sean dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Por ejemplo, aprobar un reglamento sin consulta pública previa ni trámites administrativos. En este caso, la declaración de nulidad implicará la inaplicación inmediata del reglamento y la posible reapertura del procedimiento para garantizar la participación ciudadana.
  • Sean expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. Por ejemplo, otorgar derechos o beneficios sin cumplir los requisitos esenciales.
  • Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de ley.

Efectos de la Nulidad de los Actos Administrativos

La declaración de nulidad de un acto administrativo tiene efectos ex tunc, lo que significa que el acto se considera nulo desde su origen. Esto implica que todos los efectos producidos por el acto nulo deben ser revertidos, y cualquier acto posterior derivado del acto nulo también será nulo. La nulidad tiene carácter erga omnes, es decir, afecta a todos, tanto a favor como en contra.

Procedimiento para Declarar la Nulidad

La nulidad de un acto administrativo puede ser declarada de oficio por la administración o a instancia de parte interesada. En el caso de que un particular considere que un acto administrativo es nulo, puede solicitar su revisión ante la administración competente. Si la administración no accede a la solicitud, el particular puede recurrir a la vía judicial para obtener la declaración de nulidad.

Actuaciones del Perjudicado por un Acto Nulo

Si un particular se ve perjudicado por un acto administrativo nulo, debe seguir los siguientes pasos:

  • Recurso Administrativo: Presentar un recurso administrativo ante la administración que dictó el acto, solicitando su revisión y declaración de nulidad.
  • Recurso Contencioso-Administrativo: Si la administración no accede a la solicitud, el particular puede interponer un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales.
  • Medidas Cautelares: Solicitar medidas cautelares para evitar que el acto nulo siga produciendo efectos mientras se resuelve el recurso. 

Opinión de la Doctrina y la Jurisprudencia sobre los Actos Nulos

La doctrina jurídica ha analizado extensamente la nulidad de los actos administrativos. En general, se considera que la nulidad debe ser interpretada de manera restrictiva, reservándose para aquellos casos en los que los vicios del acto son tan graves que afectan a su validez desde el origen. La doctrina también destaca la importancia de la seguridad jurídica y la necesidad de que los actos administrativos sean estables y predecibles.

En este mismo sentido se pronuncia la jurisprudencia. El Tribunal Supremo ha reafirmado los criterios para la declaración de nulidad de los actos administrativos, subrayando que la nulidad debe ser interpretada de manera estricta y que la anulabilidad es la regla general frente a la excepción que es la nulidad radical o de pleno derecho .

Nulidad en Materia de Contratación Pública

En el ámbito de la contratación pública, la nulidad de los actos administrativos adquiere una relevancia especial debido a las implicaciones económicas y sociales que conlleva. La Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) regula de manera específica los supuestos de invalidez de los contratos administrativos.

  • Supuestos de Invalidez. Los contratos de las Administraciones Públicas y los contratos sujetos a regulación armonizada serán inválidos cuando lo sea alguno de sus actos preparatorios o el de adjudicación, por concurrir en los mismos alguna de las causas de derecho administrativo o de derecho civil
  • Declaración de Nulidad. La declaración de nulidad de los actos preparatorios del contrato o de la adjudicación, cuando sea firme, llevará en todo caso consigo la del mismo contrato, que entrará en fase de liquidación. Las partes deberán restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen recibido en virtud del mismo y, si esto no fuese posible, se devolverá su valor. La parte que resulte culpable deberá indemnizar a la contraria de los daños y perjuicios que haya sufrido.
  • Causas de Nulidad en Contratación Pública. Estas causas incluyen, entre otras, la falta de capacidad de obrar o de solvencia económica, financiera, técnica o profesional del adjudicatario, la falta de publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante, y el incumplimiento de las normas establecidas para la adjudicación de los contratos basados en un acuerdo marco.
  • Revisión de Oficio. La revisión de oficio de los actos preparatorios y de los actos de adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas se efectuará de conformidad con lo establecido en el Capítulo primero del Título VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La competencia para declarar la nulidad de estos actos o declarar su lesividad corresponde al órgano de contratación o al titular del departamento, órgano, ente u organismo al que esté adscrita la entidad contratante.
  • Procedimiento Contencioso-Administrativo. En caso de que un particular considere que un acto de adjudicación de un contrato público es nulo, puede interponer una demanda contencioso-administrativa. El formulario de demanda debe incluir los hechos, fundamentos de derecho, y la solicitud de nulidad del acto de adjudicación. La legitimación activa corresponde al particular perjudicado, mientras que la legitimación pasiva corresponde a la administración que fue parte contratante.

Reflexiones Finales sobre la Nulidad

La nulidad de los actos administrativos es un mecanismo esencial para garantizar la legalidad y la justicia en la actuación de la administración pública. Aunque se trata de un concepto complejo y de aplicación restrictiva, su correcta interpretación y aplicación son fundamentales para proteger los derechos de los ciudadanos y asegurar el buen funcionamiento del sistema administrativo. La doctrina y la jurisprudencia juegan un papel crucial en la definición y aplicación de este concepto, proporcionando criterios claros y coherentes para su interpretación.

En el ámbito de la contratación pública, la nulidad de los actos administrativos adquiere una relevancia especial debido a las implicaciones económicas y sociales que conlleva. La Ley de Contratos del Sector Público regula de manera específica los supuestos de invalidez de los contratos administrativos, estableciendo procedimientos claros para la declaración de nulidad y la revisión de oficio. La correcta aplicación de estas normas es fundamental para garantizar la transparencia, la igualdad de trato y la competencia en los procesos de contratación pública.

En resumen, la nulidad de los actos administrativos es una herramienta jurídica poderosa que permite corregir los actos administrativos que adolecen de vicios graves, asegurando así la legalidad y la justicia en la actuación administrativa.

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