En LIFE SECTOR PÚBLICO, contamos con un equipo de abogados expertos en la defensa y gestión de expedientes sancionadores. Nuestro objetivo es asegurar que las sanciones impuestas por la administración pública sean revisadas y, cuando proceda, anuladas, protegiendo así los derechos de nuestros clientes.
Un expediente sancionador es un procedimiento administrativo que permite a la administración pública investigar y sancionar a los administrados que han cometido infracciones. Este proceso, regulado por la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), garantiza los derechos del infractor, como el derecho a la defensa y a presentar pruebas.
Analizamos detenidamente la notificación y los documentos proporcionados por la administración para identificar posibles errores o inconsistencias.
Preparamos y presentamos alegaciones para rebatir los hechos que se imputan y las pruebas que la administración haya presentado.
Desarrollamos una estrategia de defensa personalizada basada en la prescripción, caducidad, tipicidad de la infracción y análisis de pruebas.
Nuestra firma está compuesta por un equipo sólido y experimentado de letrados con una formación jurídica única, dedicados a ofrecer atención personalizada a cada cliente.
Con más 25 años de experiencia en Derecho Administrativo y Contencioso Administrativo, LIFE SECTOR PÚBLICO ofrece un asesoramiento integral especializado tanto a empresas como a entidades públicas.
Nuestro aval, una firma legal sólida, LIFE ABOGADOS, y un equipo con una larga trayectoria en Derecho Administrativo y Contencioso.
Si necesitas más información o quieres saber cómo podemos ayudarte, no dudes en contactarnos a info@lifesectorpublico.com o llamando al +34 679 092 414.
Nosotros también tenemos problemas, por eso hacemos que el proceso sea lo más sencillo y llevadero posible para ti
Un expediente sancionador es un procedimiento administrativo que permite a la administración pública investigar y sancionar a los administrados que han cometido infracciones, garantizando sus derechos como el de defensa y presentación de pruebas.
Cualquier persona física o jurídica que haya cometido una infracción administrativa puede ser objeto de un expediente sancionador.
Se pueden impugnar anuncios de licitación, pliegos y documentos contractuales, cláusulas administrativas, actos de trámite en la adjudicación, acuerdos de adjudicación, modificaciones de contratos y formalización de encargos a medios propios.
El procedimiento se inicia de oficio por la administración pública mediante una notificación formal al presunto infractor que detalla los hechos imputados y las posibles sanciones.
El infractor tiene derecho a ser notificado, a presentar alegaciones y pruebas, a ser oído y a contar con asistencia jurídica durante todo el proceso.
La prescripción es el plazo máximo dentro del cual la administración puede iniciar un expediente sancionador. Si este plazo expira, la infracción no puede ser perseguida.
La caducidad implica que si la administración no resuelve el expediente dentro del plazo legalmente establecido, el procedimiento se archiva sin posibilidad de reanudación.
Una sanción administrativa puede recurrirse mediante recursos administrativos como el recurso de reposición, recurso de alzada o recurso extraordinario de revisión. También puede interponerse un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales.
Es una solicitud al juez para suspender temporalmente la ejecución de la sanción mientras se resuelve el recurso, protegiendo así los derechos del infractor.
Las infracciones más comunes incluyen las relacionadas con el urbanismo, tráfico, protección de datos, medio ambiente, telecomunicaciones, y consumo, entre otras.
El plazo para presentar alegaciones varía, pero generalmente es de 10 a 15 días hábiles desde la notificación del inicio del procedimiento.
Si no se presentan alegaciones dentro del plazo, la administración puede considerar los hechos imputados como ciertos y proceder a imponer la sanción correspondiente.
Se pueden presentar cualquier tipo de pruebas documentales, testimoniales o periciales que ayuden a demostrar la inexistencia de la infracción o la falta de responsabilidad del infractor.
Aunque no es obligatorio, es altamente recomendable contar con un abogado especializado para asegurar una defensa adecuada y aumentar las posibilidades de éxito en el recurso.
Si la administración no notifica la resolución en el plazo legal, el expediente puede caducar, y la sanción no puede ser impuesta, salvo que se reinicie el procedimiento dentro del plazo de prescripción.
